A 24 horas de efectuarse la primera vuelta presidencial, que se desarrolló el 31 de mayo, los promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional, acompañados por un grupo de juristas, pidieron medidas urgentes para blindar el escrutinio y evitar, de esta forma, que los aparentes cuestionamientos sin pruebas alteren el calendario electoral, en el que la segunda vuelta debe llevarse a cabo el 21 de junio, como está dispuesto en la Constitución Política.
La solicitud, a la que tuvo acceso Infobae Colombia, sostiene que las denuncias sobre fraude, software manipulado y un supuesto censo paralelo no solo golpean la confianza en los resultados de los comicios ya efectuados, en los que el gran ganador fue el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, seguido del senador oficialista Iván Cepeda Castro, sino que pueden derivar en impugnaciones masivas capaces de retrasar la declaratoria oficial de los resultados.
El meollo de la advertencia se apoya en un antecedente judicial, pues los firmantes del documento recordaron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una decisión de 74 páginas fechada el 10 de abril de 2026, ordenó al presidente rectificar afirmaciones sobre fraude electoral y abstenerse de repetir acusaciones sin respaldo probatorio; en contraste con lo que ha venido siendo el comportamiento del primer mandatario, que desconoció el preconteo.
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La carta dirigida al tribunal electoral y al ente de control disciplinario fue firmada por Mauricio Pava Lugo y Sergio Bueno Aguirre, promotores del referendo, junto con el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez Cabrera.
En esa comunicación, los solicitantes recopilaron las afirmaciones del presidente, que dijo que desconfía del software de escrutinio, que sus algoritmos fueron modificados, que existe un censo paralelo de casi un millón de ciudadanos y que no reconoce como legítimo el preconteo. A su vez, señalaron cómo anunció la impugnación de todas las mesas de votación durante el escrutinio y la manera en que Cepeda agregó nuevas insinuaciones de irregularidades.
Quieren impedir que el escrutinio quede atrapado en “impugnaciones masivas”
La petición central de la carta es que el riesgo ya no reside solo en el debate político sobre los resultados, sino en la posibilidad de que esa desconfianza se traduzca en acciones que dilaten la certificación oficial. En ese sentido, los promotores de esta comunicación sostuvieron que la deslegitimación anticipada del escrutinio por parte del primer mandatario puede propiciar reclamos “masivos y temerarios” dirigidos a obstaculizar la consolidación de los resultados.
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Pava, vocero del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional, mostró su preocupación frente al accionar de su exapoderado. “Las elecciones terminan en las urnas, pero la democracia no termina el día de las votaciones. La democracia también exige que los resultados se consoliden dentro de los tiempos constitucionales y que las instituciones puedan cumplir su función sin presiones, amenazas o cuestionamientos sin sustento probatorio”, dijo.
El pronunciamiento se hizo en concordancia con el artículo 190 de la Carta Magna, citado por los firmantes como una barrera temporal estricta. Según esa norma, si ningún candidato obtiene la mayoría requerida, es decir el 50% más 1 de los votos en la primera vuelta, debe celebrarse una nueva votación tres semanas después, en un término que la carta define como fijo e inmodificable. Esta fecha corresponde al 21 de junio, día en que los colombianos vuelvan a las urnas.
Con ello, los solicitantes pidieron al CNE informar el protocolo vigente para el escrutinio, precisar si habilitará días hábiles y no hábiles para sesionar y adoptar medidas para que la declaratoria oficial se produzca dentro del plazo constitucional, con el fin de no alterar el calendario ya dispuesto para conocer al presidente. También reclamaron que se tenga en cuenta la necesidad de garantizar la llegada del material electoral a las misiones consulares en el exterior.
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El antecedente de 2018 que también encendió las alertas
La carta no se limita a los hechos del domingo electoral. Los solicitantes recordaron que el informe final de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea para las elecciones de 2018 advirtió la ausencia de plazos claros para reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); una vulnerabilidad que, según su interpretación, puede ser utilizada para trabar la certificación de resultados, como al parecer buscaría el presidente de la República.
De la misma forma, también trajeron a colación un episodio político de ese mismo año. Según el documento, el movimiento político del hoy mandatario de los colombianos promovió entonces narrativas de desconfianza para cuestionar el proceso electoral y, tras esta radical postura, impulsó impugnaciones masivas; el CNE declaró los resultados el 8 de junio de 2018, apenas días antes del límite para el envío del material electoral al exterior.
Para los firmantes, las declaraciones formuladas el 31 de mayo repiten la conducta que ya fue examinada por el mencionado tribunal administrativo, que concluyó que nunca se probó la existencia de fraude, que el software de escrutinios no tiene las fallas de seguridad atribuidas por Petro y que el Consejo de Estado jamás ordenó a la Registraduría comprar un nuevo software; en contraste con los constantes señalamientos hechos por el gobernante.
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Así pues, la carta formula un pedido institucional que buscaría blindar las elecciones: y es la convocatoria urgente de una Mesa de Garantías Electorales con participación de todas las autoridades y campañas presidenciales, pues en su exposición de motivos la situación requiere una postura que preserve la confianza ciudadana y la transparencia del proceso, en el que está puesta la mirada no solo de la UE, sino del gobierno y el Congreso de los Estados Unidos.
“La Constitución de 1991 es la regla común que permite la competencia democrática entre quienes piensan distinto. Cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se debilita la democracia misma. Por eso hoy hacemos un llamado a todas las autoridades para que protejan el escrutinio, la transparencia electoral y el cumplimiento estricto de los tiempos constitucionales”, se puntualizó en este pronunciamiento, que le salió al paso a las declaraciones de Petro.