La conmoción se ha extendido en Barranquilla tras la muerte de Ebinson Pushaina Epiayú, joven wayuu de 20 años que trabajaba como domiciliario y fue víctima de un robo con violencia en el barrio La Ceiba.
El caso ha reavivado el debate en la ciudad sobre la inseguridad y las deficiencias en el control de quienes reciben beneficios de detención domiciliaria.
El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando Pushaina realizaba una parada en una tienda durante su jornada laboral. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, un hombre que iba como pasajero en una motocicleta descendió, ingresó al establecimiento y atacó a la víctima con un cuchillo.
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El asaltante buscaba apoderarse del bolso tipo canguro que el joven llevaba en el pecho, donde guardaba dinero y un teléfono celular que había comprado recientemente. Ante la resistencia de Pushaina, el agresor le causó una herida en el pecho y huyó del lugar junto a su cómplice.
Empapado en sangre, el joven intentó buscar ayuda y fue trasladado al Hospital General de Barranquilla, donde falleció minutos después como consecuencia de la lesión. El teléfono que le arrebataron había sido adquirido apenas ocho días antes, tras meses de ahorrar su salario.
La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo que permitió la captura de Fabián David Escorcia Ortiz, señalado como el responsable del crimen. Las autoridades informaron que Escorcia Ortiz acumulaba antecedentes por hurto y porte ilegal de armas de fuego, y que contaba con el beneficio de detención domiciliaria por un caso de hurto cometido el año anterior. A pesar de esta medida, se encontraba en libertad al momento de los hechos.
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El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la colaboración de la comunidad y las pruebas obtenidas por las cámaras de seguridad resultaron clave para la aprehensión del sospechoso. Escorcia Ortiz fue presentado ante la justicia por homicidio y hurto, y se programó una audiencia para definir su situación legal.
Este episodio se suma a una serie de robos violentos que afectan a trabajadores informales y a sectores vulnerables de la ciudad. En los últimos meses, la percepción de inseguridad en Barranquilla se ha visto intensificada por una sucesión de hechos violentos que han dejado víctimas fatales y heridos, afectando tanto a trabajadores informales como a ciudadanos en espacios públicos y privados.
El reciente caso del domiciliario wayuu asesinado en La Ceiba se suma a una serie de episodios que han puesto en alerta a la ciudad y han incrementado el debate sobre la respuesta institucional ante el crimen.
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Uno de los incidentes que mayor repercusión ha tenido ocurrió el pasado 25 de mayo en el norte de la ciudad, donde un ataque armado frente a una empresa de seguridad dejó una persona muerta y varias heridas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables, identificados como Daniel de Jesús González Palmas y Joel Andrés Héctor Gómez, fueron capturados en flagrancia poco después del atentado, gracias a un operativo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Barranquilla.
La gravedad del caso quedó evidenciada durante la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía atribuyó a los capturados delitos como homicidio agravado consumado, homicidio agravado en grado de tentativa, porte ilegal de armas y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El arsenal incautado incluía una subametralladora Mini Uzi, una pistola Glock, un fusil calibre 5.56 y munición variada, todo ello en condiciones aptas para disparar y sin los permisos legales requeridos.
El ataque dejó como víctima mortal a Argenis Andrés Bonet Carmona, mientras que otras personas resultaron lesionadas y debieron recibir atención médica en distintos centros asistenciales.
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La acumulación de casos de hurtos violentos, asesinatos y atentados armados ha generado una sensación de vulnerabilidad en Barranquilla. Los habitantes expresan en redes sociales y medios locales la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y control, así como de mejorar el seguimiento a quienes, pese a contar con antecedentes judiciales o medidas restrictivas, continúan delinquiendo.