El Gobierno de Colombia, por medio de un comunicado emitido por la Cancillería, afirmó que la derogación de los aranceles anunciada por Ecuador desde el 1 de junio de 2026 no responde a un gesto político, sino al cumplimiento de órdenes “perentorias” de la Secretaría General de la CAN, y sostuvo que presentar esa decisión como una muestra de buena voluntad o vincularla a coyunturas electorales distorsiona su fundamento jurídico y afecta la confianza en la relación bilateral.
La posición colombiana añade que Quito retirará esas medidas en un escenario en el que organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, formularon observaciones sobre los riesgos económicos de mantener restricciones al comercio.
Según el Gobierno Petro, esas advertencias se referían a posibles efectos sobre la actividad productiva, la competitividad, el bienestar de las comunidades fronterizas y el funcionamiento de los mercados.
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“El Gobierno de Colombia considera necesario precisar que, esa decisión debe entenderse como el resultado de las órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio, impuestas al Ecuador en las correspondientes resoluciones expedidas por la Secretaría General de la CAN", dice el comunicado expedido por la Cancillería.
El Gobierno Petro también anunció que, ante la normalización comercial, dejará sin efecto las medidas que había adoptado para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones ecuatorianas.
“Finalmente, el Gobierno de Colombia reitera que, en coherencia con la anunciada normalización de las condiciones comerciales y con el propósito de restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales, procederá igualmente a derogar las medidas adoptadas para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones implementadas por el Ecuador, reafirmando así su compromiso con el libre comercio intracomunitario, la integración andina y el fortalecimiento de la relación entre los dos Estados”, se añade en el documento.
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Según el Gobierno de Colombia, las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador fueron contrarias a los principios y obligaciones del ordenamiento jurídico andino.
La declaración añade que esas decisiones afectaron el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas y sociales en las poblaciones de frontera de ambos países.
Para el Gobierno nacional, el restablecimiento de las condiciones previstas en el marco normativo andino constituye un paso para preservar el proceso de integración regional, la confianza mutua y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los dos Estados.
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Esa valoración aparece ligada a la eliminación de barreras que, según Colombia, alteraron la simetría en el intercambio bilateral.
La administración colombiana también rechazó que una decisión de naturaleza económica, comercial o fronteriza sea vinculada a dinámicas político-electorales, porque ese tipo de interpretación puede afectar a trabajadores, productores, empresarios y comunidades a ambos lados de la frontera.
En su pronunciamiento, sostuvo que las decisiones comerciales con impacto sobre el bienestar y el desempeño productivo deben regirse solo por criterios técnicos, jurídicos e institucionales.
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En el tramo más duro de su declaración, Colombia expresó “categórico rechazo” a lo que definió como una presentación engañosa de la derogación de los aranceles como una medida de buena voluntad del mandatario ecuatoriano. Según el Gobierno colombiano, esa narrativa desconoce que la eliminación responde a órdenes conminatorias de la CAN.
La Cancillería fue más allá y denunció una “deliberada injerencia” en el proceso electoral en curso en Colombia. Según el texto oficial, la intervención de un mandatario extranjero en la vida democrática de otro Estado constituye una violación del principio de no intervención, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático.
“El Gobierno de Colombia manifiesta su categórico rechazo, de una parte, a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando, como se ha expresado, responde a las conminatorias órdenes de la CAN y, de otra parte, por la deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”, se agrega en el documento.
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A partir de esa posición, el Gobierno de Colombia reafirmó que los asuntos comerciales y de integración deben mantenerse al margen de consideraciones político-electorales.
También señaló que su gestión debe ajustarse al respeto por la soberanía de los Estados, el principio de no injerencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales vigentes.
Como corolario de la anunciada normalización comercial, Colombia informó que también derogará las medidas que había aplicado para mitigar las distorsiones derivadas de las restricciones impuestas por Ecuador.
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Según el Gobierno colombiano, esa decisión busca restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales y ratificar su compromiso con el libre comercio intracomunitario y la integración andina.