A menos de un día para la primera vuelta presidencial en Colombia, la discusión sobre los mecanismos de seguridad y verificación de los formularios E-14 volvió a ocupar el debate público luego de que la senadora Aída Avella denunciara la presunta eliminación de herramientas destinadas a garantizar la integridad de los documentos electorales.
La controversia derivó en un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que defendió los procedimientos implementados para la publicación de las actas.
Sin embargo, el abogado Alejandro Carranza respondió al registrador nacional, Hernán Penagos, cuestionando las explicaciones entregadas por la entidad electoral e insistiendo en la necesidad de aclarar varios aspectos técnicos. “La pregunta del señor Presidente no es desinformación es cuestionamiento legítimo, respondan con la verdad”, señaló la defensa de Petro en un mensaje publicado en la red social X.
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La denuncia sobre falta de mecanismos de seguridad
Todo comenzó cuando la senadora Aída Avella aseguró que, tras conversaciones con funcionarios de la Registraduría, habría constatado la eliminación de dos herramientas de seguridad asociadas a las actas E-14. La congresista afirmó que fueron retirados mecanismos relacionados con el registro temporal de la información y con la protección de la integridad de los documentos digitales.
“Después de actuar con funcionarios de la Registraduría, constatamos que: Suprimieron la Estampilla de Tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos”, escribió Avella en su cuenta de X.
La denuncia fue retomada por Petro, que preguntó públicamente a la Registraduría cuáles eran las garantías existentes para evitar eventuales alteraciones en los procesos relacionados con los escrutinios.
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Según el mensaje difundido posteriormente por la defensa del mandatario, la inquietud presidencial se relaciona específicamente con qué mecanismo había sido reemplazado el candado hash y sostuvo que la ciudadanía debía conocer los fundamentos técnicos de la discusión.
Además, se aseguró que existe una verificación realizada sobre 14 archivos PDF correspondientes a actas E-14 descargadas desde el portal oficial de la Registraduría. Según la publicación, dicho análisis habría encontrado cambios entre las elecciones presidenciales de mayo de 2022 y las elecciones territoriales de octubre de 2023.
De acuerdo con la publicación, las actas habrían perdido información relacionada con la fecha de creación de los archivos, el programa utilizado para generarlos, la integridad de la página que contiene votos y firmas y el funcionamiento del código QR.
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La respuesta de la Registraduría
Tras las preguntas formuladas por el jefe de Estado, la Registraduría aclaró que la publicación compartida por Avella hacía referencia a procesos de digitalización de actas y no a los escrutinios electorales.
Entre las precisiones entregadas, la Registraduría señaló que “la publicación de las actas E-14 en la web de la Registraduría tiene la trazabilidad de toda la información de fecha y hora de publicación, que es conocida por las organizaciones políticas”.
Igualmente, indicó que el código hash utilizado para garantizar la integridad de los documentos se encuentra incorporado en el nombre del archivo al momento de su descarga desde el visor ciudadano. La entidad explicó además que cada una de las 122.016 mesas de votación está identificada mediante un código QR y un código de barras verificables en la imagen descargada por los ciudadanos.
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Cuestionamientos a las explicaciones de la Registraduría: “Tienen un problema serio”
Carranza cuestionó los argumentos expuestos por la Registraduría y sostuvo que las explicaciones entregadas no resolvían las inquietudes planteadas.
Respecto al primer punto, relacionado con la trazabilidad de fecha y hora de publicación, se argumentó que la fecha en la que un archivo es cargado a internet no permite conocer cuándo fue creado ni cuál programa fue utilizado para generarlo. También se señaló que la información compartida con organizaciones políticas no sustituye el acceso ciudadano previsto en la Ley 1712 de 2014.
Sobre el segundo aspecto, relacionado con el código hash, Carranza sostuvo que la afirmación según la cual dicho mecanismo está inmerso en el nombre del archivo no desvirtúa la preocupación expresada por Avella. En ese sentido, se comparó el funcionamiento del hash con una huella digital que debe permanecer almacenada en un lugar independiente para permitir la verificación posterior de eventuales modificaciones.
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“Lo que denunció la senadora Avella no quedó desmentido por su respuesta. Quedó, en realidad, confirmado, tienen un problema serio, corríjalo por favor”, señaló el texto.
En cuanto al código QR y el código de barras, el abogado reconoció que estos permiten identificar cada mesa de votación, pero sostuvo que ello no equivale a verificar si el contenido del acta ha sido alterado. Asimismo, aseguró que la revisión técnica realizada encontró que el QR no redirige a una página externa que permita al ciudadano contrastar el contenido del documento.