Una modalidad de secuestro selectivo inquieta a empresarios y personas de alto perfil económico en el Valle del Cauca.
La columna Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, usa engaños con supuestas transacciones comerciales para citar víctimas en Cali, interceptarlas en puntos de llegada y trasladarlas a la zona montañosa de Jamundí, según reveló Semana.
El esquema parte de contactos que pueden extenderse durante semanas por llamadas y WhatsApp.
Ejemplo de eso es el caso mencionado por el medio citado: un hombre de más de 60 años, de nacionalidad colombobritánica, que luego de llegar a Cali en abril del 2026, terminó siendo secuestrado por esta columna guerrillera.
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Los captores simulan negociaciones con lenguaje y tiempos propios de una operación real, envían documentos de empresa y utilizan referencias verificables para hacer creíble la maniobra.
De acuerdo con fuentes consultadas por el medio citado, incluso han empleado números de NIT asociados a sociedades existentes y, en algunos casos, han realizado videoconferencias antes de concretar el encuentro.
“Le mandaron un contrato preliminar, una carta de intención con membrete y todo. Mi familiar no tenía razón para desconfiar. Era un negocio como muchos otros que había cerrado antes”, afirmó un familiar de uno de los perfiles secuestrados por la estructura residual de las disidencias de las Farc.
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La intercepción ocurre en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, o en la terminal de transportes de Cali, dos puntos con flujo de viajeros.
La operación, según testimonios recogidos por el medio, se ejecuta con rapidez para impedir que la víctima pida ayuda o alerte a familiares. Después, los secuestrados son llevados a áreas rurales y montañosas de Jamundí, donde el grupo mantiene corredores de movilidad y condiciones de terreno que dificultan la acción operativa de la fuerza pública.
Perfil de las víctimas y selección de objetivos
Los casos documentados describen un patrón: hombres entre 45 y 65 años vinculados a actividades con activos visibles o alto movimiento de capital, como construcción, minería, agroindustria y maquinaria pesada, entre otros rubros comerciales.
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Varios residen en ciudades distintas de Cali o viajan sin redes locales de apoyo, lo que los vuelve más vulnerables a ser abordados en puntos de llegada sin que su ausencia sea detectada de inmediato.
Un defensor de derechos humanos declaró a Semana que la selección no es aleatoria y responde a información previa sobre ingresos, bienes y entorno familiar. Esa lógica de “perfilamiento” explica, según las fuentes consultadas, por qué los engaños se dirigen a personas con capacidad de pago y a quienes la promesa de un negocio concreto les resulta verosímil.
Exigencias económicas, negociación y liberación
Tras la retención, los familiares reciben exigencias de dinero que, según Semana, oscilan entre $200 y $800 millones, de acuerdo con el perfil económico atribuido a la víctima.
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Las negociaciones suelen prolongarse y buscan presionar a las familias hasta que reúnan los montos exigidos, incluso mediante la venta de propiedades o la liquidación de activos.
En al menos dos de los casos reseñados, los familiares pagaron y las víctimas fueron liberadas en sectores rurales del sur del Valle del Cauca, sin acceso a comunicaciones y con instrucciones de no denunciar. El temor a represalias y la presión económica contribuyen a que numerosos episodios permanezcan fuera del conocimiento público y de los registros oficiales.
Una modalidad en aumento desde finales de 2025
Organizaciones y líderes sociales citados por Semana advirtieron que el fenómeno empezó a registrarse con más frecuencia desde finales de 2025, cuando aumentaron los reportes de empresarios contactados con ofertas comerciales que no se concretaron y que, en algunos casos, derivaron en amenazas o retenciones no denunciadas formalmente.
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“Esto no es improvisado. Tienen información que solo se consigue con inteligencia previa: saben cuánto gana la persona, qué propiedades tiene, si tiene familia en el exterior. No están pescando al azar”, dijo uno de estos defensores de derechos humanos entrevistados por Semana.
Otro defensor de derechos humanos, entrevistado por el medio mencionado, explicó que: “Lo que estamos viendo es una mutación del secuestro tradicional. Ya no es el político de los años noventa ni el masivo de carretera. Es un secuestro de alto valor, quirúrgico, que usa las herramientas del mundo de los negocios para operar. Y eso lo hace mucho más difícil de prevenir”
En esa lectura, el secuestro selectivo opera como una fuente de financiación más discreta que la extorsión masiva, porque combina víctimas con mayor capacidad de pago y un incentivo fuerte al silencio.
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