A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia (el 31 de mayo), ninguno de los principales candidatos presentó cuentas fiscales detalladas ni estrategias concretas para financiar sus propuestas. El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, dirigido por Mauricio Salazar, advirtió que, en medio de un déficit elevado y una deuda pública creciente, las campañas generan dudas serias sobre la transparencia y viabilidad de sus planes.
“Ninguno presenta estimaciones fiscales detalladas, mecanismos claros de implementación o estrategias concretas para financiar sus propuestas”, afirmó Salazar en el documento denominado “Informe sobre las propuestas fiscales de los tres candidatos presidenciales con mayor intención de voto”.
En Colombia, la presentación de un programa de gobierno no es obligatoria para los candidatos presidenciales, a diferencia de lo que ocurre en elecciones subnacionales. Sin embargo, según el Observatorio Fiscal, esto deja a los votantes sin información esencial para evaluar la factibilidad de las propuestas. El contexto fiscal colombiano muestra:
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- Balance primario de -3,5% del Producto Interno Bruto (PIB)
- Deuda neta que alcanza el 58,5% del PIB.
- Ingresos tributarios 0,9 puntos porcentuales (pp) por debajo de la meta, lo que agrava el escenario para la sostenibilidad financiera.
Vacíos en la transparencia fiscal y financiera electoral
Salazar señaló que, después de revisar los programas de gobierno de los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ninguno incluyó “ni estimaciones fiscales detalladas, ni mecanismos claros de implementación”.
Aunque existen diferencias en las posiciones económicas de los candidatos, todos omiten información fundamental sobre el respaldo financiero de las iniciativas. Esto limita la transparencia del proceso electoral y dificulta la labor de análisis tanto para los ciudadanos como para los entes de control independientes.
Contrastes y limitaciones de las propuestas tributarias
En materia tributaria, las candidaturas exhiben enfoques diferentes. Cepeda propone 37 medidas principalmente orientadas a fortalecer el recaudo y combatir la evasión, pero sin especificar mecanismos claros de ejecución. De la Espriella y Valencia, cada uno con seis propuestas tributarias, priorizan la disminución de cargas fiscales e incentivos para la inversión privada, aunque tampoco detallan rutas técnicas.
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Ninguno plantea reformas de fondo sobre aranceles, impuestos subnacionales, IVA, el 4x1.000 ni aportes a pensiones o salud. Además, el informe resalta que los beneficios tributarios representaron alrededor del 7,7% del PIB entre 2019 y 2023 y no hay programas para revisarlos estructuralmente. “Aunque el diagnóstico sobre inequidad tributaria coincide con discusiones de larga data en Colombia, las propuestas aún carecen de soporte técnico suficiente para medir su impacto fiscal”, sostuvo el órgano académico.
Gasto estatal, subsidios e incertidumbre sobre financiación
Respecto al gasto público, las campañas divergen en prioridades y papel del Estado. Cepeda plantea una expansión estatal enfocada en educación, vivienda, infraestructura y fortalecimiento institucional, sin estimar costos ni fuentes de financiación. Valencia y De la Espriella promueven la racionalización de la burocracia, pero también incluyen más subsidios y asignaciones sectoriales.
En su programa, Valencia propone entregar 150.000 bonos educativos, 187.000 cupos en colegios y 250.000 subsidios de vivienda, además de un ajuste fiscal de $50 billones. Sin embargo, no precisa los mecanismos de financiación para cumplir estas metas. El gasto flexible, que solo llega al 9,5% del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2026, limita de manera muy grave la posibilidad de honrar nuevos compromisos sin recursos adicionales identificados.
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Compromisos y omisiones frente a la regla fiscal y la deuda pública
Otros puntos presentes en los programas son el manejo de la regla fiscal y la deuda pública, aunque en términos generales. De la Espriella y Valencia defienden el respeto por el límite de deuda del 71% del PIB y el fortalecimiento de controles, pero sin explicar cómo lograrán esos objetivos, en especial, cuando los pagos de intereses ya representan el 73% del servicio de la deuda.
Valencia señala que buscará reducir el déficit fiscal en $50 billones y De la Espriella plantea un ajuste cercano a $70 billones con base en ingresos adicionales. Sin embargo, ambos supeditan estos recursos a variables inciertas como las regalías mineras o la recuperación de fondos perdidos por corrupción. Cepeda no menciona la regla fiscal ni fija metas de déficit o deuda, aunque propone una Ley de Austeridad Republicana para reducir el gasto.
Sectores sin propuestas y peso real de los programas
El análisis sectorial del Observatorio Fiscal determinó que en ocho áreas fundamentales —como inteligencia, relaciones exteriores, organismos de control, ciencia y tecnología, e inclusión social— ningún candidato incluyó propuestas:
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- Cepeda: cuenta con 58 propuestas en un documento de 433 páginas.
- Valencia: reúne 55 en 19 páginas.
- De la Espriella: tiene 40. Sin embargo, la extensión de los programas no se traduce en mayor profundidad fiscal.
Los programas concentran la mayoría de sus propuestas en sectores visibles como seguridad, salud, infraestructura y subsidios, mientras las áreas consideradas estratégicas permanecen rezagadas o sin cobertura programática.
Asimismo, dice que estos planes “continúan teniendo un papel secundario en las campañas presidenciales”, ya que no se someten a un análisis público o técnico riguroso. La falta de cifras y mecanismos concretos deja tanto a votantes como a analistas sin bases sólidas para evaluar la consistencia fiscal o el impacto real de las propuestas.