Al menos 70 mujeres que se presentaron el 14 y 15 de mayo a los exámenes de ingreso del segundo contingente de 2026 del Ejército Nacional en Popayán denunciaron ante las autoridades que fueron sometidas a procedimientos médicos abusivos y sin consentimiento, un señalamiento que abrió preguntas sobre si esas valoraciones se ajustaron a los protocolos de incorporación y si se respetaron la dignidad, la intimidad y el consentimiento informado de las aspirantes.
La denuncia sostiene que el episodio ocurrió durante las valoraciones practicadas en la capital del Cauca, cuando las aspirantes avanzaban en el proceso de incorporación.
Según el relato entregado a las autoridades por una de las mujeres, el examen transcurrió con normalidad hasta la evaluación hecha por un médico general de sexo masculino. De acuerdo con ese testimonio, las aspirantes entraban una por una al consultorio y primero debían hacer ejercicios físicos como sentadillas y flexiones de pecho.
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Después, según la denunciante, el médico hacía una revisión física con contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni pedir consentimiento.
Así mismo, la misma aspirante señaló que luego eran conducidas a una camilla para continuar la valoración. Allí, según su relato, el médico revisaba el área abdominal y tocaba el vientre de manera general.
“Realizaba la revisión del área abdominal, tocando el vientre de manera general”, dijo una de las mujeres en declaraciones reveladas por Semana.
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El punto de mayor incomodidad, según la denuncia, ocurrió cuando el médico ordenaba bajar la ropa interior hasta las rodillas y adoptar una posición fetal orientada hacia la pared.
Desde esa ubicación, según la aspirante, hacía una inspección en la zona íntima manipulando esta parte del cuerpo de la mujer observarla, abriéndola de forma manual para lograr visibilidad de ambas zonas.
“Procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual para lograr visibilidad de ambas zonas”, relató la mujer.
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La denunciante afirmó que todo el procedimiento ocurrió “de manera sorpresiva, sin haber sido explicado previamente y sin solicitar autorización o consentimiento”.
También expresó: “Esta situación generó en muchas de nosotras sentimientos profundos de incomodidad, vergüenza, angustia y vulnerabilidad”.
En el mismo testimonio, la mujer aseguró que varias participantes sintieron “una sensación de exposición total y pérdida de control sobre el propio cuerpo”.
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Antes de ingresar al examen, según la denuncia, una suboficial con grado de cabo tercero habría dicho que quien no estuviera de acuerdo con el procedimiento podía retirarse del lugar. Las aspirantes interpretaron esa advertencia como una presión implícita para aceptar la revisión.
“Muchas aceptamos en silencio, no porque estuviéramos de acuerdo, sino por miedo, por presión y por el deseo de no quedar por fuera del proceso”, afirmó la mujer en el relato presentado ante las autoridades.
Las denunciantes pidieron que se investigue si los procedimientos aplicados eran necesarios y si se ajustaban a los protocolos establecidos para la incorporación militar.
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Frente a las denuncias, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que tiene “plena disposición” para colaborar con las autoridades competentes en la verificación e investigación de lo ocurrido.
La institución agregó que los exámenes de aptitud psicofísica son realizados por profesionales de la salud.
Según el Ejército, esas valoraciones se rigen por criterios técnicos y clínicos establecidos en la Directiva Permanente No. 012400830242, emitida por la Dirección General de Sanidad. En ese mismo pronunciamiento, la institución afirmó:
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“El proceso de incorporación para la prestación del servicio militar se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos”, se observa en el documento.
Así mismo, se añadió: “Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar, bajo procedimientos establecidos en la Directiva Permanente No 012400830242 emitida por la Dirección General de Sanidad”.
El Ejército también rechazó “categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”.
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Las denunciantes solicitaron que la investigación establezca si durante esas valoraciones médicas en Popayán se vulneraron los derechos a la dignidad humana, la intimidad y el consentimiento informado.