El reciente restablecimiento de la protección jurídica de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta por el gobierno de Gustavo Petro ha generado descontento entre autoridades wayúu y comunidades afrodescendientes.
Estos pueblos denuncian exclusión de los procesos de consulta y advierten que el decreto privilegia la visión de otros pueblos indígenas, lo que ha llevado a protestas y bloqueos en La Guajira.
Los indígenas Wayúu y afrodescendientes rechazan el decreto porque consideran que repite errores de la norma anterior y profundiza la influencia de ciertas comunidades indígenas sobre territorios que ellos también habitan. Señalan que la ampliación de los sitios sagrados afecta su autonomía sobre tierras y dificulta procesos como la titulación colectiva y el acceso a recursos, generando tensiones en regiones caracterizadas históricamente por la convivencia, según testimonios obtenidos por la revista Cambio.
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El decreto, firmado el 19 de mayo, busca otorgar respaldo legal a la llamada Línea Negra, una delimitación sagrada para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Esta figura representa un circuito de lugares que conectan ríos, costas y montañas del Caribe colombiano, protegidos por su valor cultural y espiritual para los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La normativa surge después de que el Consejo de Estado anulara la versión anterior —expedida durante el gobierno de Juan Manuel Santos— por la ausencia de cartografía oficial y falta de consulta previa a todos los pueblos étnicos implicados, entre ellos los wayúu y comunidades afrodescendientes.
Sin embargo, líderes sociales y el antropólogo Weildler Guerra sostienen que el nuevo decreto reincide en los mismos problemas, como la utilización de la misma delimitación y una consulta considerada insuficiente.
Uno de los puntos más controvertidos para los wayúu es la ampliación de los sitios protegidos: de 54 lugares establecidos en 1995 a 348 espacios sagrados incluidos en la nueva regulación. Según Guerra, al menos 181 de estos espacios coinciden con territorios wayúu, incluyendo zonas marítimas y costeras esenciales para su comunidad.
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“Lo que hizo el presidente Petro fue reproducir todos los vicios que el Consejo de Estado había señalado”, señaló el antropólogo a la revista Cambio.
De acuerdo con líderes wayúu, antes del decreto de 2018 existía un acceso compartido y respetuoso a estos lugares, sin afectar la autonomía territorial de otras comunidades. Ahora, la extensión de la Línea Negra dificulta el desarrollo de actividades tradicionales y el acceso a recursos dentro de sus propios territorios, alimentando la percepción de desplazamiento y pérdida de control sobre áreas fundamentales.
El circuito sagrado abarca desde Valledupar, sigue cursos de ríos emblemáticos, bordea la costa caribeña, atraviesa el Parque Tayrona, recorre la Ciénaga Grande y finaliza en la desembocadura del río Fundación. Muchos de los puntos recién protegidos son identificados por los wayúu como vitales para su cultura, economía y supervivencia.
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Reclamos de exclusión y autonomía wayúu frente al decreto
Las principales críticas de autoridades y líderes sociales wayúu se enfocan en lo que consideran una jerarquización y falta de consulta real.
“Creemos que la Línea Negra debe ser protegida y que esos pueblos tienen derecho a acceder a sus lugares sagrados. Pensamos que no hay ningún ánimo entre los dos pueblos de chocar. Lo que sí hay es una acción gubernamental que va a dividir a los pueblos y eso ya genera tensiones entre pueblos hermanos, que han tenido una relación fraternal, por políticas gubernamentales que privilegian una ontología del universo sobre otra. No hay pueblo indígena de segunda”, señaló Guerra al medio nacional.
La controversia también se relaciona con el modelo de gobernanza territorial implementado, que, según los wayúu, otorga a los pueblos de la Sierra Nevada poder de decisión sobre asuntos económicos y ambientales en áreas históricamente ocupadas por ellos.
Este alcance incluye la participación en decisiones sobre puertos, gasoductos y proyectos de explotación de recursos naturales, lo que consideran una imposición de una cosmovisión sobre otra.
Para los wayúu, la falta de reconocimiento estatal de su vínculo con el mar se suma al malestar. “Los wayúu son un pueblo marítimo”, sostiene Guerra, quien remarca su historia de navegación, comercio y presencia en toda la costa de La Guajira, y lamenta que el Estado les haya negado control sobre las áreas marítimas mientras concede ese poder a otros grupos.
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Comunidades afrodescendientes y consejos comunitarios también expresaron su malestar, convocando asambleas y protestas pacíficas. Indican dificultades para avanzar en la titulación colectiva y el acceso a tierras desde la expedición de la anterior normativa, atribuyendo estos obstáculos a las restricciones de la Línea Negra.
Respuesta oficial y panorama de protestas en La Guajira
En los últimos días, se han registrado bloqueos en puntos neurálgicos como la vía Riohacha-Santa Marta. Las comunidades exigen la revisión del decreto y una participación real en la definición de los sitios sagrados.
El Ministerio del Interior defendió la normativa, asegurando que no afecta derechos territoriales de terceros ni amplía la identificación espiritual de la Línea Negra, sino que responde a las carencias jurídicas señaladas por el alto tribunal.
Esta cartera destacó que la construcción del texto buscó equilibrio entre la visión de los cuatro pueblos originarios y el respeto a los habitantes de la región, aunque no mencionó específicamente a los wayúu.
Autoridades wayúu y organizaciones afrodescendientes han solicitado la intervención de organismos como el Consejo de Estado y la Procuraduría para garantizar que el decreto cumpla con las disposiciones que llevaron a la anulación de la norma anterior. El Gobierno anunció la continuidad del diálogo y destacó su voluntad de promover “lazos de respeto y hermandad entre todas las comunidades”.
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