La Alcaldía de Cali iniciará denuncias judiciales por vandalismo a bienes públicos con grafitis políticos, tras una serie de intervenciones no autorizadas en diversos sectores de la ciudad.
El anuncio, realizado durante la primera Rendición de Cuentas de 2026, incluye sanciones económicas y procesos penales para quienes resulten responsables, según informó el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés.
Sanciones por grafitis y murales no autorizados
La administración distrital confirmó la aplicación de multas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para quienes pinten murales o inscriban mensajes en el espacio público sin autorización.
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De acuerdo con el reporte presentado, la sanción para este tipo de hechos corresponde a la multa tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. El inspector de Policía encargado determinará el monto final según los plazos de pago y los intereses respectivos.
El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, enfatizó que ninguna intervención sin permiso será tolerada. “Estos murales bajo los puentes son un espacio que nos corresponde a todos y, así como en una campaña específica están tratando de dejar sus mensajes, si fuera de cualquier otro tipo de campaña, estaríamos tomando la misma acción por parte de la autoridad distrital. Indiscutiblemente, tiene sanciones económicas y disciplinarias también”, declaró.
En el caso reciente del puente de la carrera Primera con calle 26, donde un grupo de jóvenes pintó la cifra 7.837 en alusión a víctimas de falsos positivos, la administración recolecta evidencia para individualizar a los responsables y enviar los reportes a la Policía y al Consejo Nacional Electoral.
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Contexto y postura institucional frente al vandalismo
Durante la jornada de rendición de cuentas en el Bulevar de Oriente, Javier Garcés detalló que la infraestructura y bienes públicos de Cali fueron afectados por grafitis políticos impulsados por simpatizantes de diferentes movimientos.
El funcionario recalcó que estos actos deterioran el entorno urbano, afectan la convivencia y reducen la calidad del espacio público. La Secretaría de Seguridad y Justicia recopila informes técnicos y de costos para anexarlos a los procesos sancionatorios y cuantificar el daño causado.
El titular de la dependencia fue enfático: “Nadie está por encima de la norma”. Además, anunció que la administración distrital presentará denuncias penales por daño en bien ajeno, conforme al Artículo 265 del Código Penal, con agravantes por tratarse de bienes de uso público y los altos costos de restauración. La cuantificación de los gastos de limpieza y recuperación será trasladada a los responsables.
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Asimismo, la Alcaldía de Cali exhortó a los movimientos políticos a utilizar mecanismos democráticos y de expresión ciudadana dentro de los límites legales, preservando el respeto por la infraestructura común.
Con base en la información entregada por la administración distrital, también se elevarán quejas ante los órganos de control por la posible participación de congresistas en la promoción de estas actividades.
Debate social y posturas frente a las intervenciones artísticas
Mientras la administración avanza en los procesos sancionatorios y judiciales, sectores sociales y políticos expresaron posiciones divergentes.
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El representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, defendió la intervención de jóvenes en los murales, argumentando que “aquí lo que hay es una capacidad de resistencia popular artística que no va a entrar nunca en la confrontación violenta que a ellos les interesa, sino a través de pinturas, de cantos. Esa es la situación de hoy”, en declaraciones recogidas por El País.
La controversia por los murales en espacios públicos mantiene el debate entre la protección del patrimonio, la libertad de expresión y la memoria histórica, mientras las autoridades insisten en el cumplimiento de las normas y el restablecimiento del orden en Cali.