El 25 de mayo comenzó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘falsos positivos’, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeiba e Ituango, Antioquia.
A pesar de que exuniformados han asegurado que Guzmán tenía claridad de lo que pasaba con los civiles ultimados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, la defensa del militar retirado asegura que esta versión no es verdad.
En el proceso, que es adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han declarado militares retirados, antiguos subalternos de Guzmán, exparamilitares y expertos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal.
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En la primera de las diligencias, que se registrarán hasta el 27 de mayo para recopilar todas las pruebas y los argumentos de la defensa, el antropólogo forense Carlos Manuel Bacigalupo Salinas asistió en calidad de perito.
El experto indicó que, luego de participar en la construcción del informe de los resultados de las necropsias hechas a cadáveres recuperados en Ituango, se comprobó la identidad de varias personas reportadas como desaparecidas en los años mencionados. Uno de los procesos fue el del cuerpo de Abraham González, que tenía 15 años cuando fue asesinado y se comprobó el parentesco que tenía con Blanca Elena González y Sandra González, su madre y hermana, que son parte de las denunciantes en el proceso.
De la misma forma, se comprobó el parentesco de otra familia con Rodrigo Humberto Torres, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio de Ituango sin la identificación total, lo que impidió que sus familiares supieran sobre su asesinato durante varios años.
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Una de las conclusiones del informe final fue que Torres Múnera tenía 23 años cuando fue asesinado y no 30, como se había señalado inicialmente en la necropsia, algo similar a lo registrado con cuatro cuerpos más que fueron identificados tras la orden judicial que permitió la exhumación.
Se trató de cuatro víctimas vinculadas al caso del coronel (r) Guzmán Ramírez, que en su momento fueron reportadas como personas dadas de baja en combate por integrantes del Batallón de Contraguerrillas 79.
“A partir del análisis, se puede concluir que se observa una multiplicidad de eventos que pueden mostrar una concentración en un área determinada, principalmente a nivel de cráneo y tórax. Debe considerarse que la multiplicidad de eventos se relaciona con una intencionalidad de hacer daño a la persona, en una dinámica de violencia prolongada que implica una sobreexposición a traumas letales... En ese sentido, la presencia de lesiones que implican cercanía por parte del agresor, con quemaduras o tatuajes, así como expresiones de carácter defensivo, no parecen ajustarse a situaciones normales de combate”, afirmó el perito.
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La declaración del experto forense incluyó un material gráfico con el que se ilustró la gravedad de las lesiones que tenían las víctimas, incluyendo golpes y lesiones que habitualmente no se registran durante combates armados.
El antropólogo respondió las preguntas de la defensa y la representación de víctimas, destacando la conservación de las prendas de las víctimas como un punto clave para comprobar las lesiones que tenían los cuerpos y las huellas que quedan en la ropa.
“Es decir, si el informe dice que la persona tiene una herida en el pecho, la camiseta que llevaba puesta debería tener un orificio que coincida con lo que se reporta; es más, debería tener manchas de sangre. Son parte de un análisis particular”, respondió el testigo. La segunda audiencia del proceso incluirá el interrogatorio por parte de los testigos de las víctimas.
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