El representante a la Cámara electo Daniel Briceño denunció que uno de los presuntos participantes en el ataque contra la sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá tendría un contrato vigente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un señalamiento que aumentó la presión política sobre las autoridades mientras avanzan las investigaciones por los hechos registrados durante una jornada de disturbios en la capital del país.
Gabriel Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, anunció que esa colectividad denunciará penalmente “a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”.
Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial o administrativa que respalde esas afirmaciones ni se ha confirmado oficialmente la responsabilidad del señalado en los hechos.
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Los ataques ocurrieron en medio de una jornada de protestas en la que también fueron vandalizados establecimientos comerciales, entidades bancarias y la sede del partido Mira.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como “un ataque a la democracia” y pidió al Gobierno nacional reforzar el acompañamiento de la fuerza pública y de organismos del Ministerio Público durante las manifestaciones políticas.
De acuerdo con Briceño, el hombre señalado sería Sergio Andrés Bustos, quien habría sido identificado en videos registrados durante el ataque del viernes contra la sede política de Valencia, ubicada en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.
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El representante electo aseguró que distintos sectores lograron reconocerlo y sostuvo además que tendría cercanía con figuras del Pacto Histórico y con la senadora María José Pizarro.
En declaraciones en entrevistas, Briceño afirmó que Bustos “es contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo” y anunció que publicaría documentación relacionada con ese supuesto vínculo contractual en sus redes sociales. El político calificó en Noticias RCN como “absolutamente grave” que una persona vinculada al Estado aparezca presuntamente involucrada en hechos de vandalismo contra una sede política.
El congresista electo dirigió su reclamo al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y aseguró que, si se comprueba la información, el funcionario debería suspender de inmediato el contrato del señalado.
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Briceño también explicó que la Procuraduría tendría limitaciones para intervenir directamente debido a que el hombre mencionado sería contratista y no funcionario público, razón por la cual insistió en que la decisión correspondería a la dirección de la entidad.
En otro pronunciamiento difundido a través de X, Briceño sostuvo que el señalado aparece en fotografías junto a figuras políticas como Iván Cepeda y María José Pizarro. En ese mensaje aseguró que “los medios han identificado a Sergio Alberto Bustos como a uno de los vándalos que atacaron la sede de Paloma Valencia” y agregó que tendría “un contrato vigente en la Ungrd de Petro”.
Según información conocida durante la investigación, una de las personas que aparece destruyendo una pancarta de campaña realizaría activismo político a favor de Iván Cepeda.
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Además, el hombre haría parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y habría acompañado a María José Pizarro durante la movilización realizada el 21 de mayo en Bogotá.
De acuerdo con las versiones conocidas, una bufanda roja y blanca permitió identificar al hombre en videos en los que aparece junto a otras personas retirando una pancarta con los rostros de Paloma Valencia y de su fórmula vicepresidencial.
También trascendió que el señalado aparece en fotografías junto a Iván Cepeda y que estaría relacionado con actividades políticas en las que participa la dirigente indígena Aida Quilcué.
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Frente a los señalamientos, María José Pizarro negó tener relación con el hombre mencionado. La senadora aseguró que él ha visitado el Congreso en representación de sectores campesinos y explicó que coincidieron en espacios públicos relacionados con agendas sociales y actividades políticas abiertas durante la campaña presidencial.
Por su parte, la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático afirmaron que los hechos “evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia” y exigieron respuestas inmediatas de las autoridades, así como investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de todos los sectores políticos.
La colectividad política también expresó preocupación por el ambiente de polarización que atraviesa el país en medio de la recta final de la campaña presidencial y advirtió que cualquier hecho de violencia o intimidación contra sedes políticas representa una amenaza para el debate democrático.
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