La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 60 años, acusado de abusar sexualmente de ocho integrantes de su familia durante más de dos décadas en zonas rurales del Tolima y en Bogotá.
El caso involucra a cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.
Las autoridades informaron que los abusos comenzaron en 1998 y se extendieron hasta 2024, consolidando un patrón de violencia sexual y familiar que afectó a distintas generaciones de una misma familia. La investigación sostiene que el agresor aprovechaba la ausencia de su esposa para cometer los delitos y utilizaba amenazas de muerte para silenciar a las víctimas.
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El proceso judicial inició tras la recopilación de pruebas que evidenciaron los delitos cometidos en fincas de Fresno y Rovira, así como en la capital del país. La primera víctima identificada fue la hija mayor del procesado, quien habría sufrido agresiones sexuales entre los siete y los doce años. El mismo patrón se repitió posteriormente con las otras hijas y familiares menores de edad.
Según la Fiscalía, el acusado también habría ejercido violencia física y amenazas contra su pareja, después de que esta se enterara de los hechos. Esta conducta intimidatoria buscaba evitar la denuncia y perpetuó el silencio durante más de 20 años.
Investigación y operación de captura
La investigación judicial avanzó con la intervención de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, quienes ejecutaron la orden de captura en el municipio de Fresno. El operativo se realizó tras la acumulación de pruebas y testimonios que permitieron a la Fiscalía imputar los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, violencia intrafamiliar agravada e incesto.
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Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. A pesar de ello, el juez consideró que existían elementos suficientes para dictar una medida de aseguramiento en centro carcelario, con el objetivo de proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso penal.
El hecho ha generado conmoción en la región, donde los casos de abuso sexual intrafamiliar suelen permanecer ocultos debido al miedo y las amenazas que enfrentan las víctimas. Según las autoridades, el acusado mantenía un control férreo sobre su núcleo familiar, lo que facilitaba la comisión de los delitos y el silencio de los afectados.
Detalles del patrón delictivo
La investigación reveló que el modus operandi del agresor incluía la selección de sus víctimas en distintos momentos y lugares aprovechando la ausencia de figuras adultas protectoras, el acusado cometía los abusos y luego recurría a amenazas graves para evitar ser denunciado.
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En todos los casos, las víctimas eran menores de edad y dependían del agresor, lo que aumentaba su vulnerabilidad. Además, la Fiscalía documentó episodios de agresión e intimidación contra la esposa del procesado, quien fue golpeada tras descubrir las agresiones sufridas por sus familiares.
Un aspecto relevante del caso es la decisión de la Fiscalía de no revelar la identidad del capturado, priorizando la protección de las víctimas y su entorno familiar.
¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil en Colombia?
En el país, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de abuso sexual o maltrato infantil está obligada a denunciar. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), disponible las 24 horas, o en comisarías de familia, inspecciones de policía y personerías municipales.
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También es posible acudir a la Fiscalía General de la Nación para presentar la denuncia de manera presencial o virtual. La Policía Nacional, a través de la línea 123 o la Policía de Infancia y Adolescencia, puede recibir reportes y actuar de inmediato.
No se requieren pruebas concluyentes para denunciar; basta con relatar los hechos o sospechas para que las autoridades inicien la investigación. La identidad del denunciante puede mantenerse en reserva, lo que brinda seguridad frente a posibles represalias. El proceso contempla medidas urgentes de protección para la víctima, como la separación del agresor y el acompañamiento psicosocial.