Luego de qué líderes sindicales y sociales afirmaron tener dudas sobre el nuevo software que está siendo implementado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) que incluiría poder conocer la ubicación exacta de los esquemas de seguridad, la entidad se pronunció para asegurar que no se trata de una práctica de espionaje.
Mediante un comunicado, la UNP rechazó las versiones sobre supuesto espionaje y defendió la herramienta que está siendo implementada y tiene como objetivo principal terminar con la corrupción en la entidad.
“La Unidad Nacional de Protección rechaza de manera categórica las versiones difundidas por algunos sectores, según las cuales esta entidad estaría desarrollando supuestos mecanismos de “espionaje” o “geo-vigilancia” contra personas protegidas y esquemas de seguridad".
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Para la UNP, la divulgación de información que fue expuesta en espacios privados es una práctica irresponsable, por lo que decidieron revelar que en realidad se trata de una herramienta de acompañamiento de servicios de protección sin que su propósito sea monitorear permanentemente a beneficiarios o personas de protección.
“Su único propósito es validar que el servicio de protección efectivamente se esté prestando cuando el protegido lo requiere y combatir prácticas de corrupción que durante años han afectado los recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo extraordinario y extremo”.
En el comunicado, la entidad menciona que lo que busca es reducir la dependencia de los sistemas externos (GPS) y evitar que la información sensible sobre los esquemas de protección continúe bajo control de particulares.
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“Algunos dirigentes sindicales que calumnian a la UNP en medios de comunicación con falsas acusaciones sobre presunto espionaje, reproducen prácticas profundamente cuestionables heredadas de entidades del pasado como el extinto DAS, donde el uso indebido de información sí fue una realidad”, es parte del documento.
UNP confirmó denuncia hecha por Infobae Colombia
En el comunicado la Unidad Nacional de Protección confirmó que se han identificado múltiples irregularidades que justifican la implementación de los mecanismos de verificación. Una de ellas sería protagonizada por dos escoltas que han cobrado por sus servicios de protección durante 17 meses a pesar de que durante ese tiempo la persona protegida se ha mantenido fuera del país.
“Casos de beneficiarios que pasan extensos periodos fuera del país sin informar a la entidad, como el de una protegida que lleva más de año y medio en el extranjero, mientras simultáneamente los escoltas continúan recibiendo salario y utilizando los vehículos de protección e incluso ella ha tramitado desplazamientos y viáticos para su esquema de protección. También se han detectado situaciones en las que se reportan supuestos desplazamientos oficiales, se legalizan viáticos y servicios de protección, pero los vehículos asignados permanecen alquilados, prestados o sin operación real”, denunció la entidad.
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Sobre este caso, Infobae Colombia informó que el caso fue expuesto luego de que un líder sindical radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de mayo.
En los detalles del caso, se afirma que desde junio de 2022 Chávez Giraldo era protegida por la Unidad de Protección Nacional, que le otorgó un esquema completo que incluye un vehículo; sin embargo, el denunciante afirma que desde diciembre de 2024 la mujer está fuera del país, lo que tendría que haber sido notificado a la entidad. Desde entonces, los dos escoltas de seguridad que debían proteger a Chávez han seguido cobrando cerca de 26 millones mensuales, lo que incluye sus salarios, viáticos y la facturación por el arriendo del automóvil, que no ha sido entregado a la unidad a pesar de la ausencia de la beneficiaria.
En la denuncia se señala que durante la ausencia de la mujer se ha registrado una valoración de riesgo con la que se reafirmó la asignación de la protección, pero esta fue realizada de manera virtual y sin ningún tipo de verificación presencial por parte de funcionarios de la UNP.
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