El 19 de mayo de 2026, un acto de memoria realizado por activistas y colectivos sociales en Llanogrande, Antioquia —liderados por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Hernán Muriel— desató una intensa controversia política y social.
El grupo pintó un grafiti en un muro cercano a la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la leyenda “7.837 almas que no te dejan dormir”, en alusión a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El propio Uribe, al enterarse, llegó al lugar, confrontó a los manifestantes y comenzó a borrar el mural con una brocha, calificando el hecho de provocación y de ataque a su familia.
La intervención y la reacción
El mural fue realizado en la vía pública, a más de un kilómetro de la propiedad familiar de Uribe, según precisó el congresista Muriel. “Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia. Revisen la pintura antes de que fuera destruida... A lo que sí hacía referencia era a las 7.837 víctimas de los Falsos Positivos, crimen atroz de Estado que se perpetró en el Gobierno Uribe”, explicó Muriel a través de sus redes sociales.
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El exmandatario, visiblemente molesto, interrumpió su agenda en Medellín para dirigirse al sitio de la intervención. Allí, en medio de un cruce de palabras y reclamos, tomó una brocha y comenzó a cubrir el mural, expresando que la acción era un irrespeto y una provocación: “Primero me tienen que matar”.
Rechazo y respaldos políticos
El incidente fue rápidamente comentado por líderes políticos de todas las orillas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron el acto a través de redes sociales, calificándolo como “hostigamiento” y cuestionaron si se aplicarían sanciones por daño en bien ajeno.
Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, visitó la finca de Uribe para manifestarle su apoyo: “Qué doloroso ver un país donde los adversarios políticos terminan hostigando los hogares de quienes piensan distinto. Ese es el país que representa el Pacto Histórico y encarna Iván Cepeda”.
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En contraste, el presidente Gustavo Petro defendió la jornada, señalando que “recordar a las víctimas y hacer memoria sobre los jóvenes asesinados por la fuerza pública a través del arte libre no representa ninguna amenaza y es un derecho”.
La versión de Hernán Muriel
Ante los señalamientos y la polarización generada, el congresista Hernán Muriel ofreció una detallada respuesta pública:
- Sobre la familia Uribe: “El mural en Llanogrande fue un acto de pedagogía de la memoria. Nunca hacía referencia directa a Uribe, mucho menos a su familia. La disputa es por la justicia de los crímenes de Estado y la garantía de la NO repetición, y la defensa del derecho a la Verdad y la reparación”.
- Sobre el lugar del mural: “El mural NO se pintó en su casa. Semejante falsedad es ridícula. [...] La vía pública no le pertenece, tampoco le pertenece todo el territorio de Llanogrande”.
- Sobre la organización del acto: “En ningún momento hablé con Iván Cepeda, ni con el Pacto Histórico o alguno de sus políticos integrantes. Esta movilización surgió por iniciativa propia con organizaciones sociales de todo tipo. Nunca fue un evento electoral”.
- Sobre la supuesta violencia: “Hasta mi novia fue agredida en el rostro, así está registrado en video. Las personas que estábamos pintando el mural y las organizaciones sociales fuimos provocados por la llegada de Álvaro Uribe y su gente [...] Llegaron con bates, escoltas armados, insultando, empujando, gritando, golpeando...”.
- Sobre la legalidad: “No hicimos nada en el marco de la ilegalidad. Todo el tiempo estuvimos en contacto con la institucionalidad de la Alcaldía de Rionegro, Defensoría y Policía Nacional [...] En ningún momento se tuvieron que aplicar correctivos, comparendos o sanciones”.
- Sobre las acusaciones personales: “Me señaló y afirmó: ‘ustedes son los responsables del asesinato de mi padre’; suceso que ocurrió hace más de 40 años (yo tengo 28). Dice que yo fui ‘elegido por votos impuestos por el terrorismo’. Es una infamia inaceptable”.
El contexto y la memoria de los falsos positivos
El mural hacía referencia a las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas por la JEP en el Caso 03, cuya mayor incidencia se dio entre 2002 y 2008. Las organizaciones de derechos humanos consideran que el acto fue una expresión legítima de memoria, en un país donde la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición sigue generando tensiones.
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En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo durante el altercado uno de los acompañantes de los manifestantes portaba lo que parecía ser un arma cortopunzante, mientras que el cabildante del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta —conocido como “el concejal del bate”— y el excandidato David Toledo buscaron confrontar físicamente a quienes pintaban el mural. La situación no pasó a mayores, pero evidencia el alto grado de polarización y la dificultad de construir consensos sobre el pasado reciente del país.
Finalmente, para Muriel, lo ocurrido el martes de 19 de mayo en Llanogrande, Antioquia, no fue una provocación sino un acto de reivindicación pacífica de la verdad: “El mural fue un acto de pedagogía de la memoria. La disputa es por la justicia de los crímenes de Estado”.