Durante el Consejo de Ministros del miércoles 13 de mayo de 2026, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reiteró la solicitud para que los fondos privados de pensiones transfieran más de $27 billones al régimen público.
Dussán indicó que esta suma corresponde a los ahorros acumulados por los ciudadanos que decidieron trasladarse del sistema privado al público, de acuerdo con las decisiones recientes de los afiliados.
“Lo primero que tenemos claro es que las administradoras de los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, afirmó Dussán.
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Jaime Dussán citó el artículo 16 de la Ley 100, insistiendo que los billonarios recursos deben ser trasladados a Colpensiones.
“El artículo 16 de la Ley 100 establece que ninguna persona puede distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos regímenes del sistema general de pensiones. Por lo tanto, si 109 mil ciudadanos se trasladaron a Colpensiones sin los recursos respectivos, tanto quienes ya cumplen el requisito pensional y están pensionados, como quienes aún no lo cumplen, esos recursos, que superan los 27 billones, pertenecen a Colpensiones”, aseveró.
El presidente de Colpensiones aseguró que los magistrados del Consejo de Estado no pueden referirse a “normas inexistentes” y afirmó que tomaron decisiones basadas en disposiciones que ya no están vigentes.
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“Cuando el magistrado Ibáñez suspendió la fecha de entrada en vigencia de la Ley 2381 hasta el día hábil siguiente a la decisión definitiva sobre la constitucionalidad de dicha ley, dejó vigente el artículo 76 y el parágrafo del artículo 12, que creó la figura de la “sacada”. Los decretos expedidos mientras estuvo vigente la ley —1225, 1558, 514 y 574— perdieron vigencia. En consecuencia, los magistrados del Consejo de Estado no pueden referirse a normas inexistentes y han tomado decisiones basadas en disposiciones que ya no están vigentes, lo que es contrario a la ley“, expresó el funcionario.
El presidente de Colpensiones recordó la situación con el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien devolvió la Ley 2381 en dos ocasiones a la Cámara de Representantes. Según Dussán, las observaciones fueron corregidas, pero Ibáñez presentó una ponencia para que la ley fuera declarada inexequible.
“El presidente de la Corte Constitucional, quien fue ponente de la ley, devolvió en dos ocasiones la Ley 2381 a la Cámara de Representantes para que se corrigieran dificultades que, según él, no se habían considerado conforme al reglamento del Congreso. La Cámara de Representantes corrigió en ambas ocasiones y envió nuevamente la ley para que el magistrado Ibáñez tomara una decisión. Después de esto, el magistrado Ibáñez presentó una ponencia para declarar inexequible la ley", Jaime Dussán.
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Y agregó: “En ese momento, un magistrado se declaró impedido por haber sido asesor de Colpensiones, por lo que ocho magistrados votaron y hubo un empate de cuatro a cuatro. Se nombró un conjuez, pero este no ha podido actuar porque después el magistrado Ibáñez también se declaró impedido. Por eso, actualmente hay ocho magistrados para tomar la decisión, pero no han alcanzado la mayoría necesaria para definir la exequibilidad o inexequibilidad de la ley”.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que la actual presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, tiene la opción de presentar una ponencia, “sea negativa o positiva”, para que se permita determinar si la Ley 2381 sea o no constitucional.
“La presidenta de la Corte Constitucional, desde enero del presente año, tiene en su escritorio la decisión de presentar una ponencia, sea negativa o positiva, que permita determinar si la Ley 2381 es o no constitucional”, aseveró Jaime Dussán, presidente de Colpensiones en el Consejo de Ministros, realizado el miércoles 13 de mayo de 2026 en la Casa de Nariño.
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