Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Una grabación obtenida muestra cómo integrantes de ese grupo armado restringen la participación ciudadana, exigiendo carnés y amenazando a la población con cobros y la pérdida de tierras si no respalda al candidato del Pacto Histórico

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El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa

A falta de tres semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, estarían ejercendiendo presión en comunidades rurales de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá para condicionar el respaldo hacia un candidato en particular.

En un audio revelado por Noticias RCN, el grupo armado exigiría a los habitantes que apoyen al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, al condicionarlos para que presenten un carné obligatorio, bajo amenaza de pérdida de tierras y cobros de hasta $200.000 por el documento.

Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda juepuerca (sic), porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en la grabación.

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Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

De acuerdo con un informe de inteligencia citado por el medio de comunicación, el hombre que estaría detrás de esa comunicación a las comunidades rurales del sur del país sería alias Rogelio Benavidez, identificado como jefe de alias Caicedo, líder de las disidencias en esta región colombiana.

“Yo quise ser bien, trabajar, pero como a la gente le gusta es la mala vida, que los vivan amenazando con la pistola en la mano. Acá se les está hablando en la vía pacífica (…) no busquen que yo vaya y poderles levante el rancho a punta de plomo”, añadió.

La población se encuentra bajo intimidación, y aquellos que rechazan el proceso de carnetización enfrentan la amenaza directa de perder sus propiedades.

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“La reunión que se está convocando es individual. Cada vereda la convoca, habla del manual de convivencia, saca la lista de las personas que se van a carnetizar y las que no (...) El que no tenga el carné paga 150 o 200.000 pesos o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, manifestó el sujeto.

Del mismo modo, el líder guerrillero advirtió: “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toca vender las gallinas (…) para pagarme la multa”.

En cuanto a su modus operandi, el informe militar detalla que los subversivos operan desde el sector de Puerto Cachicamo (Guaviare, Colombia), en la que han establecido un sistema de control contra las comunidades rurales del sur y oriente del país.

Varios menores de edad murieron en un bombardeo militar colombiano contra disidentes de las FARC el pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, que pertenece al departamento del Guaviare (sur), según denunció el periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris. EFE/Christian Escobar Mora/Archivo

“Estarían impartiendo instrucciones desde el sector conocido como Puerto Cachicamo, donde estarían adelantando actividades de control sobre los movimientos y medios empleados por los diferentes corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas”, destacó la institución castrense en el informe.

La situación se complica al conocerse que Benavides es jefe de alias Caicedo, señalado de ser el presunto autor del asesinato de cuatro militares en la vereda Buenos Aires, San José del Guaviare, en una acción donde la Fuerza de Despliegue Rápido N°1 fue víctima de explosivos improvisados.

En este ataque, según un comunicado del Ejército, fallecieron los soldados Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.

Los audios ya se encuentran bajo la investigación de las autoridades competentes. Entre tanto, desde la campaña de Iván Cepeda no se ha emitido pronunciamientos sobre los audios revelados a la opinión pública.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact (Pacto Historico) speaks at a campaign event announcing a political alliance with the Green Alliance party (Alianza Verde), in Bogota, Colombia, April 27, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Reacciones políticas

Las grabaciones reveladas generaron controversia en la clase política colombiana. Entre ellos se destaca la representante a la Cámara Katherine Miranda (Alianza Verde) en el que instó nuevamente a la sociedad para evitar la llegada del candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.

“‘Ojalá gane el compañero Iván Cepeda’ lo dice Alias Calarcá. ¿En verdad quieren que a este país lo gobierne alguien que es compañero del mayor sanguinario de Colombia? Uno tiene que ser muy indolente para entregarle el país a Cepeda”, describió la congresista independiente en la red social X.

- crédito @KatheMirandaP/X

Por su parte, Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, expresó su preocupación ante la falta de garantías para el desarrollo de la campaña electoral en Colombia. “No hay garantías para las elecciones”, exclamó el representante opositor en las redes sociales.

- crédito @AForeroM/X

De igual manera, el audio fue replicado por Daniel Briceño, congresista electo por el Centro Democrático, en su perfil de la misma plataforma digital. A su vez, el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, manifestó que la declaración del grupo guerrillero evidenciaría lo que, para él, es la alianza entre Cepeda y las disidencias.

Es la sentencia de alias Rogelio, subalterno de alias Calarcá, a campesinos en Guaviare, Meta y Caquetá. Y Cepeda niega que es el candidato de las FARC”, comentó el excongresista.

- crédito @ernestomaciast/X

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo están en riesgo por acciones verificadas de constreñimiento, intimidación y violencia en núcleos rurales, organizadas según reportes judiciales y políticos, desde estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc.

La magnitud de las amenazas y de los hechos de violencia, confirmados mediante asesinatos y presiones sistemáticas con fines extorsivos, coloca la garantía de una elección libre bajo cuestionamiento.

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