Daniel Quintero se echó para atrás y ya no le pedirá la renuncia a Jorge Iván Ospina de la Nueva EPS a pesar de haber dicho que no tenía corona: “Acabó de llegar”

Durante una rueda de prensa realizada el jueves 14 de mayo, en Bucaramanga, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, afirmó que no solicitará la renuncia de Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, al considerar que su gestión recién comienza.

Quintero resaltó que la continuidad de los interventores es una decisión autónoma de la entidad, condicionada por los resultados que cada uno pueda mostrar en sus funciones.

De acuerdo con el superintendente, la Superintendencia de Salud mantiene la facultad exclusiva de decidir sobre la permanencia de los interventores en las entidades prestadoras de salud (EPS) intervenidas por el Gobierno.

Quintero manifestó: “No le voy a pedir la renuncia a alguien que acabó de llegar”, en referencia a Ospina, que asumió el cargo recientemente tras la intervención estatal sobre la Nueva EPS.

El funcionario enfatizó que “no hay interventores con corona” y remarcó que todos los designados deben cumplir con las obligaciones legales, entregar medicamentos, garantizar procedimientos y asegurar el acceso a tecnologías requeridas por los usuarios.

“La permanencia o no de los interventores es una decisión autónoma del superintendente de Salud, obviamente en función de los resultados. Acá no hay ningún superintendente que pueda estar por encima del poder de inspección, vigilancia y control, y por eso Nueva EPS tiene que aplicarse a cumplir la ley, a entregar las medicinas, a entregar los procedimientos, a entregar las moléculas y las tecnologías en general”, afirmó.

Quintero también expresó que otros interventores, con mayor tiempo en sus cargos, sí deberán empezar a mostrar avances concretos en sus gestiones.

Para el caso de Jorge Iván Ospina, el superintendente pidió la presentación de un plan de choque “sólido y consistente” que permita una transformación integral de la Nueva EPS.

Resaltó que la entidad representa una oportunidad clave para la recuperación del sistema de salud en Colombia, ya que cuenta con el respaldo financiero del Estado.

“En el caso de Jorge Iván, tiene que presentar un plan de choque sólido, consistente, que permita una transformación de Nueva EPS, además, es la oportunidad de salvar el sistema de salud en Colombia porque es la única que tiene el backup del Estado”, puntualizó Quintero durante la rueda de prensa.

La intervención de la Nueva EPS y la exigencia de resultados a sus directivos forman parte de la estrategia del Gobierno para estabilizar el sistema de salud, ante la crisis que atraviesan varias EPS en el país.

El superintendente Daniel Quintero exige entrega de medicamentos retenidos en Bucaramanga

Daniel Quintero, ordenó la entrega, en un plazo de 48 horas, de los medicamentos que habían sido negados durante meses a pacientes en Bucaramanga, tras una inspección al gestor farmacéutico Cafam.

Según explicó Quintero, se detectó que “las medicinas estaban en cajas y las niegan en el mostrador”. Entre los insumos bloqueados había insulinas, medicación para trasplantes y pañales, insumos cuyo acceso se considera determinante para la calidad de vida de los enfermos.

La inspección a Cafam reveló que “muchos pacientes recibieron los medicamentos que llevaban meses esperando”, tal como indicó Quintero.

El funcionario puntualizó: “Muchos de ellos llevan meses pidiendo la medicina. Entramos al dispensario y nos encontramos que la medicina sí está, que la tienen en cajas, que simplemente la niegan en el mostrador”.

El origen del problema, afirmó el superintendente, está en el diseño económico de las EPS. En palabras de Quintero: “¿Cómo gana plata una EPS? La EPS gana plata de la siguiente manera: el primer día del mes, el Gobierno nacional les consigna una plata que se llama la UPC. La utilidad de la EPS depende de no gastarse esa plata. Es decir, entre menos medicinas entregue, entre menos procedimientos realice, más utilidad le queda”.

Según su análisis, relegar la salud a prioridades financieras favorece “incentivos perversos”, ocasionando que insumos esenciales sean deliberadamente retenidos por los administradores.

Esta afirmación introduce un antecedente clave en el debate nacional: para Quintero, esta estructura financiera, que prioriza la rentabilidad sobre la prestación efectiva de servicios médicos, “es la verdadera causa que pone a la gente en filas desde las cinco de la mañana, corriendo por su vida, a ver a quién le dan la medicina y a quién no”.

Como respuesta concreta, el superintendente informó que la Superintendencia de Salud prepara una circular normativa que buscará endurecer los controles y exigir el cumplimiento estricto del deber legal por parte de todo gestor farmacéutico o EPS.

Entre los medicamentos y productos recuperados tras la inspección había pañales —“de todas las marcas, hasta el techo”, detalló Quintero—, insulina y medicación para trasplantes. El funcionario resaltó la gravedad de negar estos insumos: “Un pañal no es tan importante. Es muy importante, porque es que es un riesgo biológico para el paciente, para la familia, para la sociedad en general”.

Quintero relató las historias de familias que, tras constantes negativas, por fin obtuvieron los medicamentos y productos que habían solicitado durante un año: “Pacientes que llevaban meses viniendo, que les habían hecho negaciones y negaciones y negaciones, y se iban con las bolsas llenas de los medicamentos que estuvieron esperando durante un año”.

Según el superintendente, “la salud es una orden constitucional, es además un derecho humano y, no hace sentido y es inhumano que pongan en esa carrera por la vida a tantos colombianos”.

En respuesta a estas constataciones, Quintero anunció que la orden operativa es clara: en los próximos dos días debe garantizarse la entrega de todos los medicamentos e insumos previamente negados.

También anunció que la Superintendencia de Salud emitirá próximamente una circular para sancionar a las entidades que, en cualquier región de Colombia, persistan en la negación injustificada de suministros, especialmente a menores de edad.

El modelo actual de las EPS en Colombia ha generado una dinámica en la que los pacientes se ven obligados a acudir en repetidas ocasiones, incluso de madrugada, para intentar acceder a medicamentos que deberían estar disponibles.

La situación detectada en Bucaramanga evidencia, según Quintero, la urgencia de reformar estructuralmente el sistema de salud nacional —una reforma que, según dijo, ha sido negada repetidas veces en el Congreso— para evitar que la vida y la salud de los ciudadanos dependan de decisiones financieras de terceros.

Daniel Quintero concluyó que “la carrera de la muerte” generada por la gestión financiera de las EPS debe erradicarse con voluntad política y fortalecimiento de las obligaciones constitucionales que rigen la salud en Colombia.