El debate sobre la reforma pensional en Colombia escaló en el escenario político y en redes sociales tras una serie de declaraciones cruzadas entre el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el jefe de Estado, Gustavo Petro, y el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
El eje de la controversia se centró en el decreto 415 de 2026 y su suspensión, además del futuro de los fondos de pensiones y la administración de los ahorros de millones de trabajadores.
La discusión se hizo pública a través de la plataforma X, donde el titular de la cartera laboral publicó un mensaje directo contra el candidato De la Espriella. Según el propio Sanguino, “ahí está pintado el tigre”, al señalar que el aspirante presidencial figura entre los demandantes del decreto y que solicitó la suspensión de la nueva normativa.
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El ministro agregó: “Como toda la derecha política, se revela como lo que es: un enemigo de los derechos de los trabajadores y pensionados”. Para el funcionario, el accionar de De la Espriella respondió a intereses de los fondos privados, a quienes acusó de querer “seguir capturando ilegalmente los ahorros de los trabajadores que han decidido trasladarse a Colpensiones”.
En respuesta a las declaraciones del ministro, el presidente Gustavo Petro intervino en la misma red social para solicitar a De la Espriella y a la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia que retiren sus demandas contra el sistema pensional.
“Le solicito al señor De La Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”, afirmó Petro.
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La reacción del presidente y su ministro se insertó en la preocupación oficial por el futuro del sistema y la sostenibilidad financiera de la seguridad social.
“La transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión” fue uno de los puntos que remarcó Petro en su intervención, atribuyendo a los demandantes la responsabilidad de un perjuicio para los cotizantes.
Con estas palabras, el mandatario cuestionó el papel de los demandantes y apuntó a las consecuencias que, según su visión, se derivan de los recursos judiciales interpuestos contra el decreto.
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Tras lo anterior, el aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella respondió de manera contundente al presidente, negando las acusaciones y defendiendo su postura.
“Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder”, manifestó el candidato en X. Añadió que no cederá en la defensa de los recursos de los trabajadores: “Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú”.
En su mensaje, enfatizó: “Al menos, ese torcido lo estamos frenando y obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando”.
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Por último, De la Espriella recalcó que la vía judicial es legítima y que su objetivo es salvaguardar el ahorro de los colombianos. “La justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales”, sostuvo el candidato presidencial.
Presidente de Colpensiones pidió definir constitucionalidad de la Ley 2381 y cuestionó fallos del Consejo de Estado
Durante el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reiteró la exigencia a los fondos privados para que transfieran más de 27 billones de pesos al régimen público. Señaló que estos recursos corresponden a los ahorros de quienes decidieron trasladarse a Colpensiones y cumplieron el requisito pensional.
“Las administradoras privadas deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos que se pasaron y cumplieron el requisito”, afirmó Dussán.
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El funcionario citó el artículo 16 de la Ley 100 y subrayó que “ninguna persona puede distribuir las cotizaciones entre los dos regímenes”. Cuestionó decisiones recientes del Consejo de Estado por basarse en normas “inexistentes” y recordó la devolución de la Ley 2381 por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien luego propuso declararla inexequible.
Dussán señaló que la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, debe definir si la Ley 2381 es constitucional, trámite que permanece pendiente desde enero.