Petro confrontó a Paloma Valencia por respaldar la decisión del Consejo de Estado de impedir el traslado de billonarios recursos a Colpensiones: “Sus cálculos son falsos”

El presidente denunció que la demora en la liberación de los fondos de pensiones y la presunta complicidad judicial para frenar la reforma responden, según él, a una estrategia deliberada de la oposición orientada a fortalecer el poder de los grandes grupos financieros

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El jefe de Estado criticó a Palola Valencia por su apoyo a la decisión del Consejo de Estado sobre el traslado del ahorro pensional a Colpensiones - créditos @PalomaValenciaL/X | @gustavopetrourrego/IG

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una acusación directa contra la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, por su respaldo a la decisión del Consejo de Estado sobre los fondos de ahorro pensional en Colombia, a la vez que responsabilizó a la oposición y a la justicia de retrasar la aplicación de la reforma oficialmente vigente.

A su vez, denunció en redes sociales que el actual bloqueo judicial solo permite operar un artículo central de la ley, que hasta julio de 2026 permite a los trabajadores elegir libremente el régimen de pensiones, dejando en suspenso el resto de la normativa aprobada.

El jefe de Estado afirmó que hubo vicios por parte del magistrado Jorge Ibañez para dilatar la discusión del articulado de la pensional en la Corte Constitucional - crédito @petrogustavo/X

“El artículo vigente permite hasta julio que los trabajadores que les falte diez años para pensión se puedan cambiar libremente de fondo pensional y que si se pensionan se traslade sus ahorros al fondo que escogieron. Hasta este momento 150.000 trabajadores decidieron libremente por Colpensiones y debe aplicarse el artículo vigente de nuestra ley (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El mandatario subrayó que 150.000 trabajadores ya optaron por cambiarse a Colpensiones bajo este artículo transitorio, y advirtió del impacto de la demora judicial: las reclamaciones y demandas parlamentarias obstaculizan la devolución e inversión de los fondos de los trabajadores, generando incertidumbre en el sistema. Petro atribuyó el problema a la intervención del magistrado Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional, a quien señaló de postergar durante ocho meses la discusión de la ley en el máximo tribunal.

El primer mandatario denunció que la actual demora en liberar los fondos pensionarios y la supuesta complicidad judicial para frenar la reforma son responsabilidad de una estrategia deliberada de la oposición para consolidar el poder de los grandes grupos financieros - crédito @petrogustavo/X

A la par, cargó directamente contra la candidata presidencial por su papel en la demanda contra la reforma pensional: “Parte del problema […] se suscita por su activista en la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, es que este decidió guardar ocho meses en un escritorio la ley y no puso ponencia en discusión en la sala de la corte”, expuso.

El jefe de Estado precisó que la demora en la entrega de los ahorros no responde a obstáculos técnicos, sino a movimientos políticos y a inversiones arriesgadas de los fondos privados: “No pueden devolverle el ahorro a los trabajadores, porque los invirtieron en empresas de los dueños de las administradoras y en inversiones de poca liquidez, al parecer, en el extranjero (sic)”.

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El titular del Ejecutivo cuestionó, además, la consecuencia social de estos hechos, y denunció que los bancos privados obtendrían una utilidad “gigantesca”, mientras 25.000 pensionados perderían la totalidad de sus ahorros de vida y verían en riesgo sus pensiones vitalicias pagadas por Colpensiones, la entidad estatal. “¿Por qué demoran la entrega del ahorro que no les pertenece a los banqueros sino a los ahorradores cotizantes?”, preguntó Petro en respuesta pública a la legisladora Valencia.

El presidente denunció la “gran expropiación” de $500 billones por parte de los fondos privados

Petro afirmó que huvo maniobras en el Congreso para que no pasara la reforma pensional - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la senadora Paloma Valencia y a su sector político de promover una transferencia de $500 billones en ahorros de los trabajadores a manos de diez bancos privados, a través de la expropiación de fondos de los cotizantes y la oposición sistemática a la reforma pensional. “No señora Valencia, los cálculos matemáticos que usted hace solo buscan engañar al pueblo y son falsos. Anuncia usted que está bien que expropien esa inmensa cantidad de riqueza en favor de diez banqueros amigos suyos”, sostuvo.

En la misma línea, Petro corrigió públicamente los argumentos de Valencia sobre la capacidad financiera de Colpensiones. Rechazó la idea de que la entidad tenga recursos ilimitados, y recordó que desde la aprobación de la Ley 100, con impulso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno nacional debe transferir cada año entre $12 y $15 billones para cubrir el pago de pensiones, lo que constituye, según su análisis, una de las principales causas del déficit fiscal.

A propósito, el jefe de Estado criticó que la bancada liderada por Valencia haya impedido, junto con congresistas como Efraín Cepeda, aumentos impositivos a las personas de ingresos más altos y el fortalecimiento de una pensión vital para los sectores menos favorecidos. A estos actores atribuyó tanto el “sabotaje” de la financiación estatal como la demanda contra la ley pensional ante la Corte Constitucional.

Conforme a la postura del presidente Petro, la mayor amenaza para el sistema previsional público es el intento de permitir que los bancos privados retengan y usen el ahorro acumulado de los trabajadores. Lo calificó como “la peor estafa de la historia al pueblo”, recordando que ya se han apropiado de $25 billones y comparando la situación con la deuda impaga de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas, también estimada en $25 billones.

Gustavo Petro encendió la polémica parlamentaria al formular una denuncia específica: la actual demora en liberar los fondos pensionarios, la supuesta complicidad judicial para frenar la reforma y el perjuicio directo para cientos de miles de trabajadores, en su criterio, son responsabilidad de una estrategia deliberada de la oposición para consolidar el poder de los grandes grupos financieros.

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