La Fiscalía General de la Nación investiga un caso de violencia sistemática que se prolongó durante cerca de una década en Ibagué, donde una adolescente fue víctima de torturas, abusos sexuales y confinamiento dentro de su propio hogar.
La joven logró escapar y revelar la situación a las autoridades, que capturaron a los presuntos responsables. Según información oficial difundida por la entidad judicial, la pesadilla para la víctima comenzó en 2016, cuando tenía apenas ocho años.
Junto a su madre, Edid Duarte Fuentes, y su padrastro, Jhonathan David Pineda, residía en una vivienda del barrio Ricaurte, en el sur de Ibagué, Tolima. Las autoridades sostienen que Pineda abusó sexualmente de la menor de manera reiterada, y que la madre no solo conocía los hechos, sino que participó directamente en episodios de violencia física y psicológica.
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Durante los años que duró el encierro, la adolescente fue privada de su libertad en numerosas ocasiones. De acuerdo con la Fiscalía, la madre la mantenía atada con cuerdas, cadenas y candados para impedir cualquier intento de huida. Además, la joven era aislada, dejada desnuda y sin acceso a alimentos o agua durante largos periodos. El organismo acusador documentó también golpizas frecuentes, quemaduras químicas y privaciones extremas.
Embarazos, abortos inducidos y aislamiento total
La Fiscalía reveló que la víctima quedó embarazada en dos oportunidades producto de los abusos sexuales de su padrastro. Según el expediente judicial, los abortos habrían sido inducidos por la madre dentro de la vivienda, sin atención médica y bajo amenazas, exponiendo la vida de la menor a riesgos graves.
Las investigaciones detallan que la adolescente fue retirada del colegio poco después de comenzar el ciclo de violencia para evitar que pudiera denunciar la situación ante profesores o autoridades escolares.
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En una de las pocas ocasiones en que salió de la casa, fue llevada a un centro de planificación familiar, donde le implantaron un método anticonceptivo con el fin de evitar nuevos embarazos. De acuerdo con la Fiscalía, “los abortos se realizaron en el domicilio del barrio Ricaurte, sin información adecuada y bajo presión psicológica”.
Detención y proceso judicial contra la madre y el padrastro
La situación salió a la luz cuando, tras casi diez años de encierro, la joven logró escapar y refugiarse con familiares, que la ayudaron a presentar la denuncia ante las autoridades.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron capturados Jhonathan David Pineda y Edid Duarte Fuentes en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. El proceso judicial se encuentra en curso y ambos enfrentan medida de aseguramiento en centro carcelario.
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El ente acusador imputó a los detenidos delitos como acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía infantil agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar. Las pruebas incluyen testimonios, material audiovisual y elementos incautados durante un allanamiento, como teléfonos celulares y computadoras.
Durante la audiencia, la juez encargada cuestionó duramente la actitud de la madre, que “no activó ningún mecanismo de protección personal, toleró esas dinámicas incompatibles con el bienestar de su hija e incluso intervino en algunos episodios concretos”, según consta en el reporte judicial presentado por la Fiscalía General de la Nación.
Condiciones extremas y pruebas de violencia
El expediente judicial revela que la adolescente fue sometida a confinamientos forzados, vigilancia extrema y amenazas. Los agresores utilizaban grabaciones íntimas para intimidarla y garantizar su silencio. Además, se documentaron intentos de envenenamiento y episodios de violencia física que incluyeron quemaduras con hipoclorito y golpes constantes.
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La menor, actualmente de 17 años, recibe acompañamiento especializado y permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que busca restablecer sus derechos y su integridad física y emocional.
Investigación y antecedentes penales
Las investigaciones de la Policía Nacional establecieron que Jhonathan David Pineda cuenta con dos anotaciones por actos sexuales con menor de 14 años y una por inasistencia alimentaria, según informó la Fiscalía durante el proceso.
La investigación, que se extendió durante seis meses, permitió documentar un ciclo de violencia sistemática. Los hechos ocurrieron presuntamente de manera continua entre 2016 y 2025, afectando el desarrollo físico, emocional y educativo de la víctima. El fiscal del caso calificó el proceso como “un claro caso de violación de derechos humanos”.
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La Fiscalía General de la Nación continuará con el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de los implicados. Por ahora, ambos procesados permanecen privados de la libertad y enfrentan una posible condena de hasta 40 años de prisión por la gravedad de los delitos.