El intercambio entre Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, y Álvaro Uribe, exmandatario y líder del Centro Democrático, ha escalado tras declaraciones públicas en redes sociales. La reciente tensión surgió luego de que Uribe respondiera al respaldo manifestado por Cepeda a los movimientos de la primera línea durante el violento estallido social iniciado en 2019.
En este contexto, Cepeda acusó directamente al expresidente y lanzó una pregunta que ha generado amplio debate: “La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”, escribió el senador desde su cuenta de X.
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La confrontación pública se profundizó después de que Uribe replicara el apoyo de Cepeda a las protestas sociales, usando este antecedente para cuestionar la legitimidad de su adversario político. Al responder, Cepeda no solo defendió su postura frente a la Primera Línea, sino que encuadró el debate en torno a las acusaciones históricas sobre crímenes de lesa humanidad en la administración de Uribe.
La mención de Pablo Escobar, el paramilitarismo y los ‘falsos positivos’ en la declaración de Cepeda reaviva la discusión en la opinión pública sobre la gestión de seguridad durante el mandato de Uribe, así como la exigencia de rendición de cuentas ante hechos que han marcado la historia reciente de Colombia.
Familiares de miembros de la Primera Línea tomaron el Ministerio de Justicia
Familiares de los miembros de la Primera Línea ocuparon durante varios días la sede del Ministerio de Justicia en Bogotá, inicios de mes de mayo de 2026, como medida de presión para exigir la liberación de quienes permanecen detenidos por actos de vandalismo vinculados al estallido social de 2021. La acción, que motivó la evacuación de todo el personal de la cartera y estuvo envuelta en estricta reserva, buscó respuesta a las sentencias recientes del Tribunal Superior de Bogotá sobre las características y consecuencias de las manifestaciones ocurridas durante el gobierno anterior.
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El episodio se produjo poco después del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que, tras analizar interceptaciones y testimonios, determinó que detrás de algunos episodios violentos registrados en las protestas existieron estructuras organizadas con nexos en la criminalidad urbana. La mesa de diálogo que puso fin a la ocupación del Ministerio de Justicia —ubicado en la calle 53 de la capital— se extendió durante tres días y culminó con un acuerdo entre los familiares de los detenidos y las entidades del Gobierno nacional.
De acuerdo con el comunicado divulgado el 17 de abril, el proceso incluyó la participación de “organismos acompañantes y los voceros de los jóvenes, como resultado de un ejercicio de escucha activa, concertación y construcción conjunta de soluciones”.
El contenido del acuerdo alcanzado no ha sido divulgado públicamente. Sin embargo, el Ministerio de Justicia precisó en el comunicado que la ruta de atención integral contempla acciones orientadas a salud, seguridad, restablecimiento de derechos, acceso a la educación y sostenibilidad económica, así como temas asociados a la situación de las personas privadas de la libertad.
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Un interlocutor del Ministerio de Defensa declaró a Infobae que el acuerdo no se gestionó de forma reservada. Según esa fuente, la protesta terminó gracias al diálogo abierto entre los familiares de los detenidos y las entidades estatales.
La acción de los familiares ocurrió tras la sentencia que reafirmó la existencia de “estructuras organizadas”, según la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En la sentencia, se atribuyó a algunas de estas células urbanas vínculos directos con disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez. El documento señaló que “varios de los procesados mantenían comunicaciones y operaban en alianza con células urbanas vinculadas a disidencias de las Farc”.
Entre las conductas bajo investigación figuraron “ataques a la Fuerza Pública, daños a la infraestructura del sistema TransMilenio y acciones de terrorismo urbano”, que fueron planeadas más allá de las protestas pacíficas que originalmente buscaban oponerse a la reforma tributaria.
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En consecuencia, la sentencia derivó en penas de hasta 19 años de prisión y la imposición de multas millonarias a algunos de los implicados. El tribunal resaltó que, si bien las manifestaciones legítimas fueron reconocidas, ciertos episodios violentos respondieron a una planificación delictiva.
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