Colombia quedó entre los países más difíciles del mundo para hacer negocios y el dato preocupa a inversionistas

Para una empresa extranjera que evalúa entrar al mercado colombiano, el reto ya no pasa únicamente por entender al consumidor o identificar oportunidades comerciales. Hoy, buena parte del desafío está en navegar un entorno regulatorio que cambia con frecuencia, exige altos estándares de cumplimiento y obliga a mantener una capacidad constante de adaptación frente a nuevas reglas tributarias, laborales y corporativas.

Ese escenario volvió a quedar en evidencia con la última edición del Índice Global de Complejidad Corporativa 2026, elaborado por TMF Group, un informe que analiza qué tan difícil resulta operar empresarialmente en distintos mercados del mundo. En el caso colombiano, el resultado volvió a encender alertas, el país apareció en la sexta posición a nivel global y se ubicó como el tercero más complejo de América Latina para hacer negocios.

La clasificación representa, además, un regreso a niveles que Colombia ya había mostrado en años recientes. Después de mantenerse durante varios periodos en los puestos más altos del ranking, el país continúa figurando entre las jurisdicciones que más desafíos representan para compañías que buscan expandirse o instalar operaciones desde el exterior.

Detrás de esa posición hay varios factores estructurales. Según el análisis del estudio, uno de los principales obstáculos está relacionado con la dificultad operativa que enfrentan inversionistas y multinacionales al momento de cumplir con obligaciones legales, tributarias y administrativas dentro del territorio nacional.

Las empresas, especialmente aquellas con capital extranjero, deben enfrentarse a actualizaciones frecuentes en normas fiscales, modificaciones relacionadas con el IVA y mayores exigencias en temas patrimoniales y tributarios, elementos que han dificultado mejorar la posición del país dentro del ranking internacional. A esto se suma el frente laboral, uno de los puntos que más peso tiene dentro de la evaluación. “Las empresas también se enfrentan a una legislación laboral compleja, contribuciones obligatorias a la seguridad social e importantes pagos por indemnización”, aseguraron.

En la práctica, esto significa mayores costos de entrada, procesos más extensos de planeación y una necesidad constante de acompañamiento legal y contable para evitar incumplimientos o contingencias regulatorias. Sin embargo, el informe también identifica avances. En medio de este panorama, Colombia comenzó a acelerar procesos de digitalización que buscan reducir cargas administrativas y facilitar parte de los trámites empresariales.

Durante los últimos años se han fortalecido herramientas digitales para reportes tributarios, registros corporativos y procesos de cumplimiento fiscal. Además, el país impulsó incentivos orientados a sectores estratégicos como tecnologías limpias, innovación y energías renovables, áreas que siguen captando atención de inversionistas internacionales.

Aun así, para TMF Group estos esfuerzos todavía conviven con una carga normativa considerable. “Pese a ello, incluso con reformas en curso destinadas a reducir la complejidad y atraer inversión extranjera, las empresas siguen sujetas a exigentes estándares de cumplimiento y reporte, especialmente en materia tributaria y de gestión patrimonial”, se lee en el documento.

Otro elemento que influye directamente en la percepción empresarial es el entorno político. En el caso colombiano, el contexto preelectoral y la posibilidad de ajustes en políticas económicas, fiscales o laborales generan un componente adicional de cautela para quienes evalúan hacer inversiones de mediano y largo plazo. El informe advierte justamente sobre ese factor: “Mientras Colombia avanza en su modernización y en la atracción de inversiones, los cambios regulatorios, la evolución política y las transformaciones en las políticas laborales exigen que las empresas extranjeras se mantengan flexibles y alertas”.

En el panorama regional, Colombia no está sola. América Latina volvió a consolidarse como una de las regiones más desafiantes para la inversión internacional, con varios países dentro de los primeros lugares del listado mundial. México apareció en la segunda posición global, impulsado por la baja previsibilidad en algunos procesos empresariales y por exigencias administrativas que todavía requieren presencia física en trámites que en otros mercados ya son completamente digitales.

Brasil, por su parte, ocupó el tercer lugar, principalmente por la complejidad normativa entre estados y regiones, una característica que eleva los costos de asesoría jurídica, tributaria y contable. También figuran otros países latinoamericanos como Bolivia, Argentina y Perú, que continúan enfrentando desafíos asociados a burocracia, volatilidad regulatoria, restricciones financieras o necesidad constante de actualización normativa.