La violencia contra líderes sociales en Colombia mantiene su avance durante 2026, generando alarma entre organizaciones de derechos humanos y comunidades.
Las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que, antes de llegar a la mitad del año, el país ya suma 55 homicidios de defensores comunitarios y sociales, un fenómeno que se agrava durante el periodo electoral y pone en evidencia los riesgos persistentes para quienes ejercen liderazgo en diferentes regiones.
El panorama, lejos de ofrecer señales de mejoría, tiende a empeorar. Abril terminó como el mes más violento con 19 líderes asesinados, el registro mensual más alto en lo que va del año.
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Los dos homicidios reportados en los primeros días de mayo elevaron la cifra a 22 víctimas durante la actual temporada electoral, contexto en el que las tensiones territoriales y políticas se intensifican y aumentan la exposición de quienes defienden derechos o promueven causas sociales.
Los primeros meses del año reflejan la continuidad de una tendencia alarmante: enero cerró con 10 asesinatos, febrero subió a 14 y marzo, pese a coincidir con las elecciones legislativas, presentó 9 casos. La reducción observada en marzo se revirtió rápidamente, marcando un incremento considerable en el mes siguiente.
El perfil de las víctimas abarca distintos sectores y funciones. Los líderes comunales encabezan la lista de personas asesinadas, con 13 casos, seguidos de dirigentes políticos (11) y comunitarios (9).
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Los registros también incluyen crímenes contra ambientalistas e indígenas (5 cada uno), sindicalistas y agrarios (4 en ambos sectores), campesinos (2) y un reclamante de tierras. Esta diversidad revela que la violencia afecta de manera transversal a quienes ejercen liderazgo en temas sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos.
Vidas truncadas por el liderazgo social
Detrás de cada estadística existen historias que reflejan el compromiso y la vulnerabilidad de los líderes en Colombia. La más reciente ocurrió el 5 de mayo, cuando Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas en Bello, Antioquia, fue asesinada mientras caminaba con su esposo.
Nogales dedicó cuatro décadas a gestionar beneficios para su comunidad, promoviendo programas para la infancia y defendiendo derechos básicos. La lideresa cayó víctima de sicarios que la sorprendieron en la vía pública, en un hecho que dejó también herido a su esposo, pensionado del Inpec.
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Otro caso reciente es el de Alejandro Caicedo Gavilán, secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) en Palmira. Caicedo falleció el 7 de mayo tras más de tres meses hospitalizado, luego de sobrevivir a un atentado en diciembre del año pasado.
Ambos nombres se suman a una larga lista de personas como William López, Guillermo Pérez, Teodoro Gamboa, Diego Dorado, Patricia Mosquera y Luis Eduardo Álvarez, quienes perdieron la vida por su trabajo en defensa de las comunidades.
¿Por qué persiste la violencia contra líderes sociales?
El recrudecimiento de los asesinatos responde, según Indepaz, al accionar de estructuras armadas que buscan consolidar el control territorial.
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Leonardo González Perafán, director de la entidad, señaló que los grupos armados imponen un régimen ilegal que “va en contra de los intereses de las comunidades y, por supuesto, de los líderes”.
En este contexto, el ataque a quienes encabezan procesos organizativos es una estrategia para fortalecer gobernanzas armadas y debilitar la resistencia social.
A la acción de los grupos ilegales se suma la de actores vinculados a economías criminales, cada uno con intereses que aumentan la vulnerabilidad de los líderes sociales. González advierte que el Estado no ha logrado implementar mecanismos de protección efectivos.
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“Hay una ausencia de mecanismos de protección válidos y efectivos por parte del Gobierno”, explicó el directivo. Los esquemas vigentes, centrados en medidas individuales como chalecos antibalas o carros blindados, resultan insuficientes ante la dimensión del problema.
La falta de voluntad política, junto a la limitada cobertura de la Unidad Nacional de Protección, profundiza los riesgos para quienes defienden derechos. Para González, la solución debe ir más allá del resguardo personal y enfocarse en proteger los procesos sociales: implementación del acuerdo de paz, ampliación de resguardos y desarrollo de políticas inclusivas.
“A ellos no los matan por servir, sino por defender un proceso. Lo que hay que hacer es garantizar los procesos sociales”, destacó.
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El directivo resaltó la urgencia de campañas contra la estigmatización, ya que esa narrativa facilita la violencia y, sumada a la impunidad, incentiva la acción de los grupos armados.
“La estigmatización es la que justifica la violencia contra los líderes sociales y, además, si a esto le sumamos la alta tasa de impunidad, es mucho más fácil para los violentos ejercer estas acciones”.