El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, denunció ante el Senado y organismos nacionales e internacionales un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia, atribuido a disidencias de las Farc encabezadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
El congresista del partido Alianza Verde alertó que recibió información oficial de la Fiscalía General de la Nación sobre un “riesgo real e inmediato” y exigió la adopción urgente de medidas efectivas de protección ante la gravedad de la amenaza.
“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, se observa en el comunicado emitido por el propio senador.
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El congresista precisó que la información provino de una notificación directa de la Fiscalía, la cual detalló que alias Jhon Mechas, Richard y Andrey subcontrataron a dos bandas delincuenciales: los Turcos de Norte de Santander y los Kamikazes de Antioquia.
De acuerdo con la misiva, el plan criminal tendría asignado un presupuesto de un millón de dólares para ejecutar el atentado. “He sido citado por un fiscal que me informó sobre un plan que tiene en marcha alias Calarcá para asesinarme. Se destinó un millón de dólares y fueron alias Jhon Mechas, alias Richard y alias Andrey quienes contactaron a la banda Los Turcos y Los Kamikazes para llevarlo a cabo”, afirmó Hernández en su comunicación presentada al Senado y replicada en sus redes sociales.
La denuncia interpuesta por el congresista ante la Fiscalía señala que desde aproximadamente 15 días él y su núcleo familiar están bajo seguimientos de los grupos señalados, quienes ya habrían recolectado información sobre las rutas y los vehículos en los que se desplaza.
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En la carta se resalta la urgencia del caso ante la ausencia de medidas de protección efectivas. “A la fecha, mi seguridad y la de mi núcleo familiar se encuentran en riesgo real e inmediato, sin que se hayan adoptado las medidas de protección efectivas y suficientes que la gravedad del caso exige”, sostuvo el senador en el documento dirigido al Senado de la República.
Hernández especificó el carácter penal del proceso en curso, fundamentado por pruebas proporcionadas por la Fiscalía, según indica el radicado No. 110016000099202600276 actualmente en trámite.
El legislador, crítico reconocido del gobierno del presidente Gustavo Petro, vinculó estas amenazas a su exposición pública y rol de oposición: “En mi condición de senador de la República, ampliamente reconocido por ejercer una posición crítica y de oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y habiendo sido elegido en dos periodos consecutivos como el tercer Senador más votado del país, considero que los hechos puestos en conocimiento revisten la máxima gravedad y requieren una reacción institucional inmediata”.
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En un video difundido a través de sus canales oficiales, Hernández amplió: “He sido citado de manera presencial a la Fiscalía General de la Nación, a una de sus instalaciones. Allí estuve tres horas hablando con algunos fiscales que me entregaron una información muy grave de cómo alias Calarcá, desde hace quince días, tiene en marcha un plan para asesinarme”.
La alerta pública de Jota Pe Hernández ocurre en un momento de escalada de la violencia política en Colombia. En el último año, varios dirigentes –incluyendo candidatos presidenciales de diversas vertientes como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda– han denunciado amenazas similares.
El caso más grave fue el asesinato, en junio del año pasado, del senador Miguel Uribe Turbay, entonces precandidato presidencial del Centro Democrático, que murió tras recibir dos disparos durante un acto político en Bogotá.
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Como resultado de la información recibida, Hernández solicitó que todas las actuaciones derivadas de su denuncia le sean notificadas oficialmente y reiteró que su situación requiere respuesta inmediata de las autoridades competentes, incluida la Unidad Nacional de Protección.
Según el congresista, hasta la fecha, ningún ente gubernamental ha divulgado públicamente detalles sobre la investigación en curso ni ha confirmado la identidad de los responsables detrás de la amenaza recibida por el senador.