Las tensiones entre disidencias de las Farc y el presidente Gustavo Petro escalaron después de que un vocero rebelde dirigiera acusaciones directas al mandatario ante recientes operaciones militares en Arauca.
“No se le olvide que su campaña electoral pasada, la financió la mafia, la sangre colombiana”, expresó el portavoz, alegando una relación entre el origen de los fondos de campaña y la violencia en la región.
La reacción del líder insurgente se produjo luego de que el presidente Petro vinculara al grupo armado con la reciente ola de violencia, señalando ante la opinión pública: “Presidente Petro justifica los bombardeos acusándonos de los más de setecientos civiles asesinados y cientos de secuestrados, creyendo a los araucanos idiotas”.
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En una respuesta desafiante, el vocero exigió pruebas sobre esas acusaciones: “Muéstrele al país cuántas órdenes de captura tengo por narcotráfico”, solicitó, remarcando las diferencias entre los antecedentes judiciales de él y los allegados del presidente.
Además, el representante de la agrupación armada deslizó que existe “un convenio con el ELN para sacarnos de Arauca y retirarnos de la frontera, a cambio de que los chilenos le coloquen la votación a la nueva campaña política”. En su mensaje final, subrayó: “Señor presidente, no son mis hijos, ni hermanos, que están presos por narcotráfico, ni fui yo, que con dineros del narcotráfico me financiaron la campaña”.
Petro ordena frenar diálogos con disidencias de ‘Calarcá’ por ataques a militares
La decisión del presidente Gustavo Petro de frenar los acercamientos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá marca un nuevo giro en la política de paz de Colombia. La instrucción fue comunicada directamente al comisionado de paz, Otty Patiño, durante el Consejo de Ministros del 21 de abril de 2026, tras una serie de ataques y presuntos incumplimientos en la mesa de diálogo.
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Las disidencias de “Calarcá” han sido señaladas por mantener acciones armadas y avanzar territorialmente, a pesar de los acuerdos establecidos desde octubre de 2023. Entre los hechos más recientes, se les atribuye la masacre de 26 disidentes en Guaviare en enero, hechos que involucraron a rivales de la facción de “Iván Mordisco”, y el ataque a un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, ocurrido en agosto de 2025. También se reportaron acciones violentas contra tropas, con muertos entre los uniformados.
El presidente fue enfático al expresar su postura ante el incumplimiento de los pactos: “Le he pedido a Otty Patiño que si el señor “Calarcá” incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, declaró, dejando clara la imposibilidad de avanzar en negociaciones bajo las condiciones actuales.
En los primeros meses de 2026, la mesa de diálogo con las disidencias de “Calarcá” enfrentó una crisis por actos violentos y falta de cumplimiento de compromisos clave. El Gobierno decidió entonces suspender cualquier avance hasta que se verifique el cese de hostilidades y se restablezca la confianza en el proceso.
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Uno de los puntos centrales en discusión ha sido la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente del país. El incumplimiento de este compromiso, sumado a las acciones armadas, terminó de minar la confianza del Ejecutivo en el proceso. El propio mandatario lo resumió así: “A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”.
Las autoridades han insistido en que la continuidad de las hostilidades y la expansión armada dejan en evidencia la falta de voluntad real para alcanzar un acuerdo duradero. “Si el señor ”Calarcá" se dedicó fue a matar con crímenes de guerra a sus rivales, pues no hay paz”, afirmó el presidente en uno de los pasajes más contundentes de su intervención.
La mesa de diálogo instalada en octubre de 2023 había generado expectativas de desescalamiento en varias regiones, pero los hechos recientes, incluidos ataques a la Fuerza Pública y masacres internas, han forzado una revaluación. El futuro de las negociaciones depende ahora de pruebas verificables de cumplimiento y una reducción tangible de la violencia.
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De acuerdo con la Fuerza Pública, las disidencias no solo han incumplido acuerdos, sino que han intensificado su presencia en territorios estratégicos, sumando nuevas víctimas civiles y militares a la lista de afectados por el conflicto. El Gobierno mantiene la posición de no retomar los acercamientos mientras continúen las acciones armadas y los incumplimientos.
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