La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) activó una vigilancia especial sobre las filiales colombianas de Canacol Energy —Cneog Colombia y CNE Oil & Gas— luego de que la empresa anunciara la posible suspensión de sus contratos de suministro de gas natural.
La medida, comunicada el 8 de mayo de 2026 mediante una comunicación publicada en las redes sociales de la entidad, busca verificar si esas compañías tienen la capacidad real de seguir produciendo y entregando gas, y si están cumpliendo con lo que firmaron.
Para entender por qué esto importa, es necesario saber que Canacol Energy provee cerca del 7,5% del gas natural que consume todo el país, pero su peso en la Costa Caribe es mucho mayor.
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Si el gas deja de fluir, más de un millón de hogares que reciben el servicio a través de Gases del Caribe y Surtigas quedarían sin suministro, y empresas como Cerro Matoso y varias plantas de generación eléctrica también se verían afectadas, con el riesgo adicional de apagones en la región.
Lo que sucede trasciende las fronteras colombianas. La empresa atraviesa una crisis financiera severa. Se acogió a la ley de quiebras en Canadá —donde tiene su sede matriz— y pidió a las autoridades colombianas que reconozcan ese proceso de insolvencia para proteger sus activos de embargos mientras intenta reestructurar una deuda que incluye penalidades contractuales superiores a 380 millones de dólares.
El anuncio de una posible suspensión del suministro a finales de mayo de 2026 fue lo que encendió las alarmas del Gobierno y de la Superintendencia, debido a que millones de personas dependen de este servicio.
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Ante ese panorama, Superservicios detalló tres frentes de acción en su comunicado. El primero es la vigilancia especial ya mencionada sobre las dos filiales, cuyo propósito es, en palabras de la entidad, “verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista”. Dicho de otro modo, lo que el Estado quiere es saber si Canacol realmente puede seguir entregando gas o si sus problemas financieros ya afectaron también su capacidad de producción.
El segundo frente es el monitoreo de los contratos. La Superintendencia revisará los acuerdos que Canacol tiene suscritos con los comercializadores de gas para asegurarse de que se ejecuten “ajustados al marco regulatorio vigente”, que no haya distorsiones en los precios y que “el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”, según consta en el comunicado. Esto protege directamente a las distribuidoras y, por ende, a los usuarios finales.
El tercer frente son las visitas técnicas. Funcionarios de la Superintendencia irán directamente a las instalaciones de producción y comercialización de las filiales para revisar las condiciones operativas, la disponibilidad real del gas y las medidas que la empresa tiene implementadas para no dejar a nadie sin servicio.
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La entidad también coordinará acciones con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El comunicado concluye con un llamado directo a los agentes del sector: Superservicios les exige “cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos”. En otras palabras, la empresa no puede alegar quiebra financiera para justificar el corte de un servicio público esencial.
El Gobierno nacional sigue en sesiones de emergencia. La planta regasificadora de Cartagena opera cerca de su límite de capacidad, lo que reduce el margen para reemplazar de forma inmediata el gas que produce Canacol si el suministro se interrumpe.
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Entre las medidas que se evalúan están la toma de control de activos y la renegociación forzosa de las prioridades de despacho de gas. Sin embargo, por el momento, no se tiene certeza de cuál será la hoja de ruta que adoptará el gobierno para que millones de hogares no se queden sin suministro de gas.