La presunta muerte del periodista y director de la revista El Confidente, Mateo Pérez, en zona rural de Briceño, Antioquia, ha generado una profunda conmoción en el país y reabierto el debate sobre la seguridad de los comunicadores en regiones golpeadas por el conflicto armado.
El reportero fue reportado como desaparecido cuando ingresaba al territorio para realizar cobertura sobre la crisis humanitaria derivada de la presencia de grupos armados ilegales.
Las autoridades indagan si integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc tuvieron que ver con su desaparición, pues el comunicador se dirigía a una zona donde persisten enfrentamientos con el Clan del Golfo y donde el control territorial sigue siendo altamente disputado.
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En medio de las reacciones políticas, una de las más contundentes fue la de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien expresó su dolor por lo ocurrido y lanzó duras críticas contra la política de Paz Total. En su pronunciamiento, la dirigente escribió: “Profundo dolor por el asesinato del periodista Mateo Pérez, a manos de las disidencias de alias Calarcá. Toda mi solidaridad con su familia y sus colegas. A Calarcá lo capturaron en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, con armas y dinero en una caravana de la UNP. Lo soltaron horas después por su condición de “gestor de paz”.
“La “paz total” tiene un arquitecto: Iván Cepeda. Hoy su obra se mide en una familia enterrando a un joven periodista en el mismo departamento donde “Calarcá” debió quedarse preso”, afirmó.
Las declaraciones de Valencia generaron amplio eco político, al conectar directamente el asesinato del periodista con las decisiones del Gobierno en materia de diálogo con estructuras armadas ilegales.
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Su mensaje se sumó a las voces críticas que señalan que los mecanismos de negociación y sometimiento a la justicia no han logrado frenar la expansión de los grupos disidentes en regiones como el norte de Antioquia.
Las autoridades aún no han confirmado de manera oficial la autoría del asesinato del periodista Mateo Pérez. Aunque algunas versiones preliminares señalan a disidencias armadas que operan en el norte de Antioquia, los organismos investigativos mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las labores de verificacion.
El presunto asesinato de Mateo Pérez se produjo tras varios días de incertidumbre, luego de que su familia y organizaciones defensoras de la libertad de prensa reportaran su desaparición el pasado 5 de mayo.
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El comunicador se dirigía a la vereda Palmichal, una zona rural de difícil acceso y con presencia activa de estructuras armadas, cuando se perdió su rastro. Posteriormente, fuentes en terreno indicaron que habría sido interceptado por hombres del frente 36, quienes lo retuvieron antes de su muerte.
La Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) activaron alertas tempranas desde el momento en que se conoció su desaparición, advirtiendo sobre el alto riesgo de la zona.
La situación en Briceño y municipios aledaños ha sido descrita como crítica debido al incremento de enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, lo que ha provocado desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades rurales.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó el crimen a alias Chalá, presunto integrante del frente 36, y anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita su captura. Según las autoridades departamentales, esta estructura ha intensificado sus acciones violentas en la región, incluyendo amenazas, instalación de explosivos y control de corredores estratégicos para economías ilícitas.
En paralelo, organismos humanitarios y la Cruz Roja Colombiana lideran gestiones para la recuperación del cuerpo del periodista, en coordinación con el Ejército Nacional, en una zona de difícil acceso por razones de seguridad.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó garantías para la misión humanitaria y pidió establecer canales de comunicación con las estructuras armadas para esclarecer lo ocurrido y evitar nuevos riesgos para la población civil.
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El padre del periodista, Carlos Enrique Pérez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo un día antes de su desaparición, cuando le advirtió sobre los riesgos de ingresar a la zona.
Sin embargo, el comunicador habría decidido continuar con su trabajo periodístico debido a la importancia de documentar la situación humanitaria en el territorio. Su familia ha pedido acompañamiento institucional y avances rápidos en la investigación.
La presunta muerte de Mateo Pérez ha encendido nuevamente las alertas sobre el ejercicio del periodismo en zonas de conflicto en Colombia. Organizaciones de prensa han reiterado que los reporteros que cubren regiones rurales siguen enfrentando amenazas directas, sin suficientes garantías de protección por parte del Estado.
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La Flip ha advertido que el caso se suma a una serie de hechos que evidencian el deterioro de la seguridad para la prensa en áreas dominadas por grupos armados ilegales.