La Clínica Universitaria Juan N. Corpas atraviesa una de las crisis financieras más profundas de las últimas décadas en Bogotá, con un déficit de más de $21.000 millones, una reducción drástica de personal médico especializado y una menor capacidad de atención en cuidados intensivos, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios médicos esenciales y resalta las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.
En un comunicado difundido el miércoles 6 de mayo, la dirección de la Clínica Juan N. Corpas desmintió que la deuda con Compensar EPS sea de 7.764 millones de pesos al cierre de 2025, precisando que la cifra correcta es 700 millones de pesos en el saldo actual, según información oficial difundida por la institución.
“La Clínica Juan N. Corpas se permite aclarar, frente a la información imprecisa que está circulando en medios de comunicación, que el valor actual adeudado a la Clínica por COMPENSAR EPS es de 700 millones de pesos y no de 7.764 millones de pesos como indica dicha información, cifra correspondiente al cierre del ejercicio 2025″, se lee en el comunicado.
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Sin embargo, la deuda acumulada con todas las aseguradoras, que asciende a más de 21.000 millones de pesos, ha sido reconocida expresamente por fuentes oficiales de la clínica.
Así mismo, uno de los episodios más graves en esta situación financiera ocurrió tras la renuncia masiva del equipo médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que forzó la disminución de 16 a solo 4 camas para pacientes críticos, de acuerdo con declaraciones del director Juan Carlos Vera.
Esta limitación dificulta la atención de emergencias, especialmente cuando la demanda por servicios especializados e intensivos se mantiene alta en Bogotá.
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En palabras de Vera, los problemas en el flujo de recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han impedido cumplir incluso con el pago puntual de salarios a los profesionales de la salud. Algunos trabajadores acumulan entre cuatro y ocho meses sin recibir salario, mientras que la clínica emplea a 573 personas, muchas de ellas en áreas asistenciales altamente especializadas.
La respuesta de la institución ha incluido la activación de un plan de contingencia para mantener la prestación de servicios esenciales, aunque la escasez de especialistas continúa siendo un obstáculo insalvable para restaurar la capacidad máxima de la UCI.
El director de la institución resaltó que la salida de personal médico es una consecuencia del deterioro progresivo de las condiciones laborales, marcada además por la sobrecarga de trabajo y el retraso sistemático en los pagos.
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Según cifras compartidas por la clínica Juan N. Corpas, los montos adeudados por diferentes aseguradoras son reveladores: Famisanar debe 8.976 millones de pesos, Sanitas mantiene una deuda de 5.458 millones, Salud Total de 3.903 millones. Compensar se ubica en $700 millones y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) de 2.561 millones.
El total de más de 20 mil millones de pesos refleja servicios ya prestados a pacientes y, según Vera, muestra un panorama de flujo de recursos interrumpido que impacta negativamente las obligaciones laborales y operativas de la clínica.
Esta situación responde a un fenómeno nacional. Informes reportados por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) indican que la deuda acumulada con clínicas y hospitales de todo el país supera los 20 billones de pesos, conforme a documentos publicados recientemente.
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Este contexto ha motivado a las instituciones afectadas a emitir alertas reiteradas sobre riesgos de cierre de servicios, disminución de la calidad de atención y afectaciones directas a los usuarios.
Frente a este escenario, la clínica Juan N. Corpas hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y a todos los actores del sistema de salud para garantizar el flujo oportuno de recursos y evitar un mayor deterioro en la prestación de servicios médicos en Bogotá.
Este caso ilustra el impacto que tienen las fallas estructurales en el sistema de salud colombiano, donde los retrasos en el pago a proveedores y la acumulación de deudas ponen en riesgo la continuidad de la atención médica especializada en varias regiones del país, como lo evidencian los datos de endeudamiento, reducción de personal y afectaciones directas a la población usuaria.
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