En medio del debate electoral, los principales aspirantes a la Presidencia han puesto la seguridad nacional como uno de los ejes centrales de sus propuestas de Gobierno. Las iniciativas recopiladas por el diario El Tiempo, van desde el fortalecimiento del pie de fuerza hasta reformas estructurales en inteligencia, cooperación internacional y estrategias de control territorial.
Cada candidato plantea una visión distinta sobre cómo enfrentar el crimen organizado, recuperar el control del territorio y fortalecer la Fuerza Pública.
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Iván Cepeda: Seguridad humana y obra pública
El senador Iván Cepeda propone una política de “seguridad humana”, alejada de la visión tradicional militarista. Según detalló el medio, el candidato plantea que la Fuerza Pública juegue un papel central en la protección de la población y en la ejecución de obras públicas como hospitales, escuelas y acueductos, especialmente en zonas rurales.
Su plan incluye reforzar el cuerpo de infantería de marina para limitar el uso de los ríos como rutas de crimen y crear una inteligencia ambiental que detecte la deforestación y la minería ilegal. El candidato promete mantener los beneficios salariales y prestacionales para los uniformados implementados en el actual gobierno y fortalecer el diálogo permanente con movimientos sociales y comunitarios. “La seguridad no se impone contra el pueblo: se construye con el pueblo”, afirma Cepeda.
Sergio Fajardo: Plan guardián y aumento del pie de fuerza
El exgobernador Sergio Fajardo centra su propuesta en una Fuerza Pública sólida y bien dotada, con incremento de presupuesto y efectivos. El candidato propone reorganizar la inteligencia estatal y garantizar presencia permanente en los territorios mediante el “Plan guardián”, una estrategia integral que articula intervención policial y social.
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El plan contempla la incorporación de 40.000 nuevos policías apoyados con tecnología de punta, la duplicación de los grupos Gaula para combatir la extorsión y el secuestro, e intervenciones sociales en infraestructura, salud y servicios públicos en las zonas más vulnerables. El objetivo, según Fajardo, es anticipar la violencia y fortalecer el vínculo entre Estado y comunidad.
Claudia López: Profesionalización y tecnología militar
La exalcaldesa Claudia López apuesta por la profesionalización y modernización tecnológica de la Fuerza Pública. Su propuesta incluye fortalecer el Ministerio de Defensa y Soberanía Nacional, ampliar las capacidades de inteligencia y entrenamiento, e impulsar el desarrollo industrial y tecnológico militar.
López propone profundizar la cooperación internacional, tanto bilateral como con organismos multilaterales como la OTAN y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La candidata considera clave recuperar el poder operativo de la Fuerza Pública, proteger la biodiversidad y garantizar la soberanía nacional, además de asegurar el bienestar y la profesionalización de los uniformados.
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Abelardo de la Espriella: Mando claro y unidades especializadas
El abogado Abelardo de la Espriella sostiene que el restablecimiento de la seguridad pasa por reconstruir la moral, el mando y la confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía. El candidato propone un liderazgo presidencial firme, respaldo político y mejoras en tecnología, inteligencia y coordinación operativa.
Su programa incluye la creación de nuevas unidades especializadas en delitos urbanos y una red ciudadana de seguridad integrada por veteranos y reservistas, denominada la “primera línea de seguridad”. Según el candidato, el país enfrenta a más de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales, lo que exige un vínculo de lealtad robusto entre el jefe de Estado y la Fuerza Pública.
Paloma Valencia: Orden, firmeza y aumento masivo del pie de fuerza
Paloma Valencia, candidata de la Gran Consulta por Colombia, plantea una estrategia de “orden y firmeza para estabilizar” el país. Su propuesta incluye incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías para alcanzar un total de 530.000 efectivos, lo que supondría un aumento sin precedentes en el pie de fuerza.
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Valencia propone elevar el gasto en seguridad y defensa en 20 billones de pesos, invertir en drones y ciberinteligencia para vigilancia aérea y marítima, y militarizar de inmediato las regiones con mayor afectación de movilidad y secuestro. También promueve la creación de un marco diferencial para el uso de la fuerza, con el fin de brindar seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.
El contexto: violencia focalizada y debilitamiento institucional
Las propuestas de los candidatos surgen en un contexto en el que, según El Tiempo, la seguridad pública se ha deteriorado profundamente en regiones como Catatumbo, Cauca, Arauca y el sur de Bolívar. La presión de los grupos armados ilegales ha dejado una cifra superior a 27.000 integrantes activos, lo que refleja una expansión sostenida de estas estructuras y una grave crisis humanitaria. Entre 2021 y 2025, la Fuerza Pública perdió un 13 por ciento de sus efectivos, pasando de 459.695 a 402.228, y en 2025 se reportó el asesinato de más de 170 militares y policías, según datos oficiales recogidos por El Tiempo.
La salida de más de 79 generales y la eliminación de fuerzas de tarea conjuntas han reducido la capacidad de respuesta coordinada en territorios complejos. El control de economías ilegales como la minería y el narcotráfico sigue siendo el eje de la disputa armada, con enfrentamientos activos en al menos 14 puntos estratégicos del país. El deterioro de los medios de transporte y la falta de repuestos también limitan la movilidad de las tropas, dificultando el despliegue en zonas de difícil acceso.
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Organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han subrayado la necesidad de intervenciones coordinadas y adaptadas a la realidad de cada región. La restauración del orden público y la recuperación de la confianza en la Fuerza Pública aparecen como prioridades para el próximo gobierno, que deberá actuar bajo restricciones presupuestales y con el desafío de definir una nueva cúpula militar y policial.
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