Un nuevo episodio de violencia sacudió el centro del departamento del Cauca en la tarde del miércoles 6 de mayo, cuando la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc llevó a cabo un ataque simultáneo contra la estación de Policía y una base militar en el municipio de Morales.
Según el reporte oficial del Ejército Nacional, las agresiones involucraron el uso de drones modificados para lanzar artefactos explosivos, una modalidad que viene cobrando fuerza en la región durante los últimos meses.
De acuerdo con la información entregada por la Tercera División del Ejército, las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscritas a la Brigada 29, mantenían operaciones en la zona cuando fueron impactadas por los explosivos lanzados desde el aire.
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Reportes preliminares indican que cinco militares, entre ellos un suboficial y cuatro soldados, sufrieron heridas por esquirlas y recibieron atención médica inmediata por parte de los enfermeros de combate, que estabilizaron a los afectados antes de su evacuación a centros asistenciales en ciudades como Popayán y Cali.
A esta hora, unidades de refuerzo del Ejército Nacional intentan llegar a la zona afectada en Morales para apoyar a las fuerzas desplegadas y contener los ataques. Los hostigamientos en los alrededores del municipio dificultan el acceso de los equipos de emergencia y el traslado de los heridos.
Recrudecimiento del conflicto y nuevas tácticas
La arremetida en Morales forma parte del aumento de la violencia en el Cauca, donde las disidencias de las Farc intensificaron sus ofensivas armadas tras la ruptura del cese al fuego con el Gobierno nacional. El uso de drones representa un desafío para las fuerzas militares, pues permite a los grupos irregulares atacar a distancia y reducir su exposición directa, al tiempo que incrementa el impacto psicológico en la población civil.
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El comando de la Tercera División enfatizó que el despliegue militar se mantiene para restablecer la seguridad y proteger a los habitantes de la zona. Mientras tanto, comerciantes y líderes comunitarios describen un ambiente de temor y confinamiento, ya que los ataques ocurrieron en pleno casco urbano y obligaron a muchos habitantes a resguardarse en viviendas y locales.
La Administración municipal de Morales suspendió las actividades en la sede de la alcaldía para salvaguardar la integridad de funcionarios y ciudadanos, mientras que el comercio permaneció cerrado y las actividades escolares se detuvieron.
Impacto en la población civil y expansión de la violencia
La ofensiva en Morales y el hostigamiento simultáneo en el municipio de Suárez —también atribuido al frente Jaime Martínez— reflejan la escalada de la confrontación por el control territorial.
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Organismos humanitarios y la gobernación del Cauca elevaron alertas por el riesgo que enfrentan las comunidades, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas, que quedan atrapadas entre los ataques armados y las operaciones militares.
Durante el último año, municipios como Suárez, Buenos Aires y el Cañón del Micay son escenario recurrente de enfrentamientos, emboscadas y hostigamientos, todos asociados a la disputa de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico y el fortalecimiento de economías ilícitas.
Llamado de autoridades y organismos humanitarios
La gobernación del Cauca solicitó de manera urgente la intervención del Gobierno Central para desplegar sistemas inhibidores de drones y fortalecer la inteligencia técnica en la zona. Las autoridades locales también trabajan en apoyo a las comunidades afectadas, que sufren desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y confinamientos por la violencia.
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El incidente más reciente en la vía Popayán-Cali, donde una emboscada y la detonación de explosivos dejaron 21 víctimas fatales, muestra el grave impacto que estas acciones tienen sobre la población. El conflicto armado en el Cauca continúa generando consecuencias humanitarias, mientras las operaciones militares avanzan para recuperar el control y reducir el riesgo sobre la ciudadanía.