Más de 3.000 colombianos protegidos por el programa Daca en Estados Unidos están en riesgo de deportación debido a una serie de medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.
El retiro paulatino de beneficios legales y sociales ha debilitado el escudo judicial que durante años amparó a estos jóvenes.
Las recientes acciones han restringido el acceso a seguros de salud subsidiados, impulsado la eliminación de matrículas universitarias preferenciales y, tras un fallo clave de la Junta de Apelaciones de Inmigración —un tribunal migratorio de alto rango en el sistema judicial estadounidense—, ya no basta con tener el estatus de Daca para frenar la deportación.
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Más de 3.000 colombianos que crecieron en Estados Unidos podrían ser expulsados del único hogar que conocen, enfrentando barreras para su integración.
La estrategia del gobierno estadounidense no es eliminar Daca de inmediato, sino dificultar la permanencia de los beneficiarios para que opten por salir voluntariamente del país. El mensaje oficial se ha endurecido: los amparados por Daca ya no pueden esperar protección automática frente a la deportación, incluso ante delitos menores.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, órgano clave en la interpretación de la normativa migratoria en Estados Unidos, estableció que haber nacido en el extranjero y contar con Daca ya no es suficiente para impedir un proceso de expulsión.
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Este cambio fue ilustrado por el caso de la activista Catalina Santiago, a quien le reabrieron su proceso migratorio, informó El Tiempo. El fallo podría reactivar decenas de miles de expedientes similares en todo el país.
Cambios legales que abren la puerta a más deportaciones
El fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que los jueces migratorios ya no están facultados para cerrar procesos únicamente por el hecho de que la persona esté amparada por Daca.
Esta modificación elimina una protección clave que benefició durante años a quienes se encontraban bajo el programa, dejando a más de 500.000 jóvenes con mayor incertidumbre jurídica y personal debido a que, si sus procesos se reabren, pueden enfrentar deportación aun sin antecedentes penales graves o causas nuevas.
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El número corresponde a los jóvenes protegidos por Daca en todo el país que podrían verse afectados si situaciones similares se repiten a gran escala, según estimaciones oficiales y recogidas por ambas fuentes.
De acuerdo con el Instituto para la Política Migratoria —un grupo especializado en temas de migración en Estados Unidos— citado por ambos medios, entre 3.000 y 3.500 colombianos continúan bajo el paraguas de Daca. Buena parte de ellos carece de una red familiar o de apoyo en Colombia, lo que agrava el impacto emocional y práctico de una eventual deportación.
Las autoridades han advertido que, tras el reciente fallo, cualquier detención o infracción podría conllevar la pérdida inmediata de protección de Daca y abrir la vía a un proceso de expulsión. “Los inmigrantes ilegales que dicen ser beneficiarios de Daca no están protegidos de manera automática de una deportación”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento para la Seguridad Interna.
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McLaughlin agregó: “Lo que les recomendamos es que tomen nuestra oferta, salgan del país de manera voluntaria, e intenten ingresar luego de la manera correcta”.
Consecuencias sociales y económicas para los colombianos bajo Daca
Además de los cambios legales, la retirada de beneficios ha impactado directamente en los jóvenes colombianos protegidos por Daca.
Uno de los principales perjuicios para los beneficiarios fue la exclusión del acceso a seguros de salud subsidiados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esto ha aumentado el coste de la cobertura médica, en ocasiones haciéndola inalcanzable para quienes inician su vida laboral o concluyen estudios.
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El ámbito educativo también ha sido afectado. El Departamento de Justicia ha estrechado alianzas con fiscales republicanos estatales para impugnar leyes que ofrecían tarifas reducidas a estudiantes indocumentados con Daca.
Estados como Nebraska, Texas, Oklahoma y Virginia han retirado estos beneficios, aumentando el coste de matrícula. En Nebraska, la matrícula se triplicó, obligando a muchos a abandonar sus estudios.
Algunas universidades que proporcionan becas a estudiantes indocumentados enfrentan investigaciones por supuestas irregularidades en la asignación de fondos públicos. Estas restricciones agravan la desconexión de jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia y apenas mantienen lazos con Colombia.
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Reacciones y voces frente a la política migratoria
Las medidas sobre Daca han generado un debate público en Estados Unidos y a nivel internacional. Editorialistas del diario estadounidense Washington Post, citados por El Tiempo, sostienen: “Privar de derechos a jóvenes plenamente integrados a la sociedad estadounidense debilita el propio tejido nacional”.