El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevó a cabo un “juicio revolucionario condenatorio” contra dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.
De acuerdo con las declaraciones que dio uno de los guerrilleros, las cuales fueron difundidas en redes sociales y medios de comunicación, las víctimas Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada no fueron “condenadas” a pena capital, pero sí se les extendió el tiempo en cautiverio.
“Condenar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo en calidad de autor material a la pena de 60 meses de prisión revolucionaria por los delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad, por desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad, y por la ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”, indicó el criminal.
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De igual manera, indicó que Rodrigo Antonio López Estrada pasará otros 55 meses secuestrado por supuestos delitos de pertenencia a un organismo del Estado presuntamente vinculado a crímenes de lesa humanidad, espionaje y montajes judiciales.
Los agentes de la Dijín de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, que fueron secuestrados por la organización armada en julio de 2025, en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en el departamento de Arauca, también fueron sometidos a un “juicio revolucionario”. La organización al margen de la ley los condenó a “36 meses de prisión revolucionaria”, según informó El Tiempo. La guerrilla los señaló de cometer supuestos actos de espionaje.
Ministro de Defensa anunció que buscarán liberar a los secuestrados
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció al respecto en diálogo con Caracol Radio, dejando en claro el rechazo por parte del Gobierno con respecto a la situación que enfrentan los funcionarios de la Fiscalía y de la Dijín. Aclaró que el Estado no dejará solas a las familias de los secuestrados y que trabajarán para lograr su liberación.
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“El ELN no es ningún organismo del Estado colombiano, todo lo contrario, es una amenaza contra el pueblo colombiano. Por esta, por este delito que están cometiendo del secuestro, incluso da una pena hasta 40 años de prisión”, indicó.
De igual manera, solicitó a la comunidad internacional, a los organismos no gubernamentales, a los defensores de derechos humanos y a la iglesia católica unir esfuerzos para liberar a los funcionarios y a las demás personas que permanecen en cautiverio, bajo el yugo del ELN.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “inadmisible” el sucuestro de los funcionarios y la extensión de su tiempo en cautiverio. Aseguró que el hecho de que el grupo armado haya hecho un “juicio revolucionario” no valida la privación de la libertad de los agentes.
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Indicó que desde la Defensoría del Pueblo solicitaron al Gobierno nacional que centre su atención en las familias de las víctimas y que fortalezca los esfuerzos para liberarlos.
“El secuestro, la privación, la toma de rehenes, la privación arbitraria de la libertad es un delito, no solo bajo el ordenamiento nacional, sino en el internacional también”, detalló.
“Juicio revolucionario” del ELN desató indignación
Al igual que el jefe de la cartera y la defensora del Pueblo, el abogado Julián Quintana, que fungió como director del CTI de la Fiscalía, reaccionó a las acciones delictivas que adelanta del ELN contra los secuestrados.
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“Como exdirector del CTI, siento un profundo dolor por los valientes servidores de @FiscaliaCol y sus familias. Hoy la justicia está secuestrada y la verdad cautiva. @petrogustavo empoderó a los criminales y ahora los bandidos terminan señalando y persiguiendo a quienes arriesgan su vida aplicando la ley y defendiendo a Colombia. El mundo al revés”, señaló el abogado.
La congresista de Cambio Radical Lina María Garrido se unió a los comentarios de rechazo por el “juicio revolucionario” al que fueron sometidas las víctimas, indicando que tanto el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, como la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, no actuaron con prontitud para liberar a los secuestrados, pese a que el grupo armado publicó múltiples pruebas de supervivencia.
“Un año de súplicas de rodillas, de familias destrozadas rogando ayuda. Un año en el que, en cada prueba de supervivencia, los secuestrados clamaron por su libertad… y fueron ignorados. Ni @petrogustavo, ni la @FiscaliaCol Luz Adriana hicieron lo que debían. Los dejaron solos, los abandonaron a su suerte. Miserables”, escribió la representante.
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