La Alcaldía de Medellín inició una ofensiva jurídica sin precedentes por el control del sistema local de salud, al presentar una recusación formal contra el superintendente nacional de Salud, el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero.
La acción está motivada por la existencia de procesos cruzados de investigación penal y disciplinaria entre la administración distrital y la autoridad nacional, así como por repetidas declaraciones públicas del superintendente calificando la situación financiera de la salud en Medellín como “colapso” y “quiebra”, incluso antes de conocer los expedientes administrativos.
El 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia tramitó un incidente de desacato por el incumplimiento reiterado de medidas cautelares que obligaban a garantizar el flujo de recursos para el sistema de salud en Medellín, señalando la responsabilidad directa de la entidad actualmente dirigida por el superintendente recusado. Este hecho procesal, sumado a nuevas acciones de la administración municipal, agrava la disputa institucional.
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Entre las acciones más contundentes, el 27 de abril de 2026, la Alcaldía de Medellín, junto a los representantes legales del Hospital General de Medellín, Metrosalud y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, interpuso ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento del superintendente nacional de Salud.
Esta medida busca anular el acto administrativo que lo designó en el cargo, señalando posibles irregularidades de fondo en el proceso.
El detonante de esta escalada reside en los hallazgos de la actual administración distrital, obtenidos en el ejercicio de empalme de 2024 bajo la Ley 951 de 2005, que dieron lugar a denuncias disciplinarias y penales contra el exalcalde Daniel Quintero Calle. Al mismo tiempo, existen denuncias penales presentadas por el representante legal del Distrito, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien mantiene investigaciones cruzadas junto con el superintendente, generando una controversia activa ante la Procuraduría General de la Nación y la jurisdicción penal.
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El Distrito Especial de Medellín interpuso una recusación contra el superintendente nacional de Salud, señalando que existen procesos penales, declaraciones públicas y denuncias mutuas que, a su juicio, afectan la imparcialidad del supervisor en los actos de control. Plantea que la validez de futuras decisiones administrativas depende de que el funcionario esté libre de toda sospecha de parcialidad.
La alcaldía de Medellín fundamentó esta recusación en que “el superintendente, a través de pronunciamientos reiterados en redes sociales y medios de comunicación, ha calificado de forma definitiva y extraprocesal la situación financiera de la salud en Medellín con términos como ‘colapso’, ‘quiebra’ o ‘engaño’.”
Según el Distrito, estas expresiones constituyen un juicio previo sobre asuntos ahora bajo análisis administrativo, lo que “vulnera la garantía de idoneidad subjetiva, requerida para el ejercicio de la función de control sobre esta Secretaría”.
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A estos señalamientos se suman denuncias por injuria y calumnia radicadas ante la Fiscalía General de la Nación debido al uso sistemático de lenguaje descalificador por parte del superintendente. Para el Distrito, esta situación compromete la neutralidad exigida a la autoridad de vigilancia, inspección y control, generando un potencial vicio de nulidad en las decisiones venideras.
La alcaldía sostiene que la recusación no constituye una disputa personal, sino que persigue blindar jurídicamente los actos administrativos futuros ante riesgos de desviación de poder y objetividad. Sostiene que “la validez y la eficacia de las funciones de inspección, vigilancia y control dependen directamente de la idoneidad subjetiva y la probidad del funcionario encargado de ejercerlas”.
Aclara que estos mecanismos procesales reconocen la posibilidad de que factores externos comprometan la neutralidad de los servidores públicos, y recalca que la jurisprudencia administrativa avala su activación siempre que existan indicios razonables de parcialidad.
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La acción popular presentada por la alcaldía y sustentada con el soporte técnico de la Secretaría de Salud, está dirigida contra el Gobierno Nacional, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades, buscando garantizar el derecho fundamental a la salud frente al “incumplimiento sistémico del flujo de recursos”.