El ministro del Trabajo anunció una nueva política de ‘trabajo digno’ con inversión de $1,82 billones para la próxima década

En el marco de las marchas por el Día Internacional del Trabajo desarrolladas en Medellín, el Gobierno nacional informó la entrada en vigencia de una Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. La iniciativa contempla una inversión de $1,82 billones durante los próximos diez años y reúne un conjunto de acciones orientadas al mercado laboral.

Durante el anuncio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el documento aprobado establece una hoja de ruta con múltiples acciones para el sector laboral.

“Vimos y aprobamos el día de ayer el documento Conpes del trabajo digno y decente, un instrumento para una década de transformación del mundo del trabajo, que incorpora ciento cuatro tareas y acciones (...) inversiones para el mundo del trabajo en la historia de Colombia”, afirmó.

El funcionario también indicó que se encuentra en preparación un decreto en coordinación con organizaciones sindicales. “Y adicionalmente, con el movimiento sindical estamos ad portas de expedir el decreto del Plan Integral de Reparación Colectiva”, agregó.

Alcance de la política pública

La iniciativa es liderada por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, y busca integrar aspectos relacionados con empleo, protección social y diálogo social.

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso señaló que la política se sustenta en evidencia internacional sobre condiciones laborales. “El bienestar laboral no es un gasto: es una inversión en productividad y desarrollo, la evidencia internacional y la OIT son claras: los países que avanzan en trabajo decente (...) generan más empleo formal, reducen la conflictividad y crecen más de manera sostenida”, afirmó.

El documento establece cinco líneas estratégicas principales: generación de empleo en el contexto de la transición energética y digital, reducción de brechas en poblaciones específicas, fortalecimiento de la inspección laboral, ampliación del acceso a la protección social y promoción del diálogo social.

De acuerdo con la información oficial, el 81,9% de los recursos asignados, equivalentes a $1,47 billones de pesos, serán destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para programas de formación enfocados en empleos asociados a la transición energética y tecnológica.

Enfoque en inclusión y transformación laboral

El Gobierno indicó que la política incluye medidas dirigidas a poblaciones con mayores dificultades de acceso al empleo formal, entre ellas jóvenes, trabajadores informales, mujeres, población Lgbti+, víctimas del conflicto armado y grupos étnicos.

En ese sentido, la directora de Planeación Nacional afirmó que el documento integra nuevas dimensiones del mercado laboral. “Es la primera política que integra la realidad climática y digital con el mercado laboral, formaliza y otorga estatus de ‘sector laboral’ a actividades que históricamente estuvieron en el limbo legal o la marginalidad”, indicó.

Además, señaló que el seguimiento a la implementación se realizará de manera periódica. “Semestralmente Planeación Nacional monitoreará los avances”, precisó. El documento también contempla acciones relacionadas con la formalización laboral, el fortalecimiento del sindicalismo y la creación de mecanismos de certificación para buenas prácticas laborales en empresas y territorios.

Acciones contempladas

Entre las medidas incluidas en la política pública, se destacan las siguientes acciones dirigidas a distintos sectores de la población:

• Jóvenes: implementación de un programa territorializado de empleo en ciudades con altas tasas de desempleo juvenil, que incluye formación, cierre de brechas de capital humano e incentivos para la contratación.
• Vendedores informales: desarrollo de un programa de fortalecimiento productivo y organizativo sin desalojos, con acceso a instrumentos financieros y procesos de formación.
• Trabajadoras domésticas: realización de inspecciones puerta a puerta en ocho ciudades capitales para garantizar el acceso a la seguridad social de más de 700.000 trabajadoras del hogar.
• Cuidadores y parteras: expedición de un acto administrativo que reconoce el cuidado como sector laboral formal, con el objetivo de iniciar procesos de formalización.
• Inspección laboral: aumento del número de inspectores de trabajo hasta alcanzar estándares de la OIT y ejecución de inspecciones en cultivos de flores en temporadas de alta demanda.
• Reconversión laboral: implementación de estrategias para la transición de aproximadamente 14.000 trabajadores afectados por procesos de descarbonización.
• Diálogo social: creación de escuelas de formación sindical en diez departamentos, realización de un nuevo censo sindical y establecimiento del Sello de Trabajo Digno y Decente.
• Protección social: rediseño del mecanismo de protección al desempleo para incluir a trabajadores informales y de la economía popular.