La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y la Caja de Auxilios y Prestaciones de los Pilotos de la Aviación Civil (Caxdac) denunciaron una decisión administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia que ordena el traslado de 347 pilotos desde su régimen especial hacia Colpensiones, junto con los recursos correspondientes a su historial pensional. El gremio calificó la medida como una “expropiación pensional” y anunció acciones judiciales para controvertirla.
La decisión fue emitida el 5 de febrero y establece un plazo de dos meses para ejecutar el traslado. Según el documento, la medida busca la “normalización” de afiliaciones que considera irregulares dentro del Sistema General de Pensiones. Mientras tanto, los procesos de reconocimiento pensional que estaban en curso permanecen suspendidos debido a la situación jurídica generada.
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En este contexto, Caxdac sostiene que su operación se encuentra respaldada por normas vigentes desde antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, en particular los decretos ley 282 y 283 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 692.
“Las cajas privadas que existían antes de la Ley 100, así como entidades territoriales y otros fondos pensionales, debían continuar respecto de sus afiliados”, señaló Zulma Guaque, vicepresidenta jurídica de la entidad.
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Cuestionamientos a la decisión
El gremio de pilotos indicó que la orden habría sido expedida sin fundamento legal suficiente y cuestionó que, durante décadas, Caxdac operara bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera sin objeciones. “Y de manera intempestiva, de la noche a la mañana, un funcionario emite un acto administrativo que consideramos completamente ilegal”, afirmó Guaque.
Por su parte, el capitán Jorge Mario Medina, presidente de la Junta Directiva de Caxdac, señaló que ya se presentó una denuncia penal contra el funcionario que emitió la decisión. “Estamos enfrentando una situación muy delicada. Hemos denunciado penalmente a un funcionario que ha tomado una decisión que es ilegal y amenaza nuestros derechos”, indicó.
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La Superintendencia Financiera argumenta que Caxdac habría administrado recursos bajo el Sistema General de Pensiones sin contar con habilitación legal, al tratarse de una “caja cerrada” con funciones limitadas al régimen de transición. En consecuencia, ordenó el traslado de los afiliados y sus aportes al sistema público administrado por Colpensiones.
Riesgos sobre recursos y deudas pendientes
Los pilotos advirtieron que la medida podría afectar la sostenibilidad del sistema pensional que los cobija y generar un vacío en el cobro de deudas que mantienen empresas del sector aeronáutico. Según Caxdac, existen obligaciones pendientes por más de $150.000 millones, mientras que el gremio eleva la cifra a cerca de $300.000 millones, correspondientes a más de 200 empresas.
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“El riesgo jurídico que se corre es el limbo en el que queda la caja, sin que exista una autorización para cobrar las deudas de las empresas que le deben de manera parafiscal”, explicó Medina. Añadió que una eventual pérdida de funciones de la entidad podría dificultar la recuperación de esos recursos.
Desde Acdac también se planteó la preocupación por el destino de esas obligaciones. “Esta maniobra conduce a debilitar y vaciar de funciones a Caxdac, entonces, ¿quién cobrará las deudas pendientes de las aerolíneas con las pensiones de los pilotos?”, expresó la capitán Diana María Martínez, presidenta encargada del gremio.
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El gremio señaló que más del 85% de las empresas de aviación deudoras se encuentran liquidadas sin haber cancelado sus obligaciones, mientras que el restante 15% está en procesos de recuperación de cartera liderados por Caxdac. Según indicaron, estos procesos podrían verse afectados por el traslado.
Anuncio de acciones legales
Aunque la decisión aplica inicialmente a 347 afiliados activos, Caxdac advirtió que podría extenderse a los pensionados, que actualmente superan las 700 personas. “Tenemos más de 700 pensionados que hoy no están siendo trasladados, pero esto podría continuar con ellos”, señalaron.
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La entidad también informó que administra recursos superiores a los 2 billones de pesos destinados a respaldar obligaciones pensionales, sin financiamiento con recursos públicos. Según el gremio, estos fondos han sido constituidos a partir de aportes del sector y rendimientos acumulados.
En respuesta a la decisión, Caxdac interpuso una demanda de nulidad contra el acto administrativo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades, incluyendo posible prevaricato. Asimismo, solicitó la intervención de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
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El gremio también hizo un llamado a entidades como la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que evalúen la situación. Entre las solicitudes se encuentran la suspensión de la medida, la garantía del derecho de los pilotos a elegir su fondo pensional y la protección de la sostenibilidad del esquema vigente.