El nuevo balance de la Jurisdicción Especial (JEP) para la Paz volvió a sacudir una de las heridas más profundas del conflicto colombiano. La cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales —conocidas como ‘falsos positivos’— ya no es la misma, el universo de casos creció de forma significativa y reavivó discusiones que nunca han terminado de cerrarse.
El dato, que ahora se ubica en 7.837 víctimas, no solo amplía el alcance de lo ocurrido durante años de guerra, también cambió el tono del debate público. De inmediato, voces políticas reaccionaron y el tema volvió a instalarse en el centro de la confrontación, con cuestionamientos directos sobre responsabilidades y justicia.
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En medio de ese escenario, el intercambio más visible se dio entre los senadores y candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia. Lo que comenzó como un pronunciamiento en redes sociales terminó escalando a un cruce de acusaciones que refleja la polarización que aún rodea este capítulo.
Detrás del aumento en la cifra hay razones técnicas. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que la actualización responde a un ajuste en el periodo de análisis, que ahora abarca desde 1990 hasta 2016. A esto se suma la incorporación de nuevas fuentes de información, como datos de la Procuraduría, además de cerca de 1.000 víctimas que no habían sido incluidas en los registros anteriores.
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“Lo más probable es que incluso esta nueva cifra, pues, vaya a aumentar en el futuro”, advirtió el magistrado, dejando abierta la puerta a que el número siga creciendo a medida que avanzan las investigaciones y se consolidan nuevos hallazgos.
Para las víctimas, la noticia tuvo un eco distinto. Jaqueline Castillo, integrante de la asociación de madres Mafapo, aseguró que este reconocimiento representa un paso importante. Durante años, las familias han insistido en que el número real supera ampliamente los reportes iniciales. Según explicó, incluso versiones entregadas por militares ante la JEP apuntan a que los casos podrían sobrepasar los 10.000.
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Mientras tanto, en el terreno político, el informe encendió nuevamente las tensiones. Iván Cepeda utilizó su cuenta en X para lanzar un cuestionamiento directo: “7.837 ‘FALSOS POSITIVOS’ ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”. Su mensaje puso sobre la mesa la discusión sobre la eventual responsabilidad del expresidente.
La respuesta no tardó. Paloma Valencia reaccionó con dureza y defendió la gestión de Uribe, rechazando los señalamientos de Cepeda. “No sea descarado, Iván Cepeda”, escribió, acusándolo de instrumentalizar a las víctimas con fines políticos.
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El intercambio subió de tono cuando la congresista amplió su crítica y trasladó el foco hacia la situación actual del país. “Responda usted por los resultados de su “paz total”: por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas: las usa", agregó Valencia.
En esa misma línea, Iván Cepeda también se pronunció tras la propuesta de Paloma Valencia de considerar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa. “Uribe, antes que ser cualquier ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”, dijo, insistiendo en que el debate no puede desligarse de las investigaciones pendientes.
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Así, el nuevo informe de la JEP no solo aporta una actualización numérica. También evidencia que, a pesar de los avances judiciales, el país sigue enfrentando profundas divisiones sobre cómo interpretar su pasado reciente. Entre cifras que crecen, testimonios que siguen apareciendo y debates políticos cada vez más intensos, la búsqueda de verdad y justicia continúa siendo un proceso en construcción.