Con un mensaje dirigido a una sus adversarias en la contienda, Paloma Valencia, la candidata presidencial Claudia López cuestionó el martes 28 de abril la propuesta de la senadora del Centro Democrático de nombrar al exmandatario Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Reacción que se hizo pública en medio de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de actualizar a 7.837 víctimas la cifra de “falsos positivos”.
López, alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, y que inscribió su aspiración con más de 1,2 millones de firmas, se sumó a la discusión en torno a lo expresado por la congresista de oposición. Y recordó, con una dura publicación en sus plataformas digitales, los crímenes que se cometieron por agentes estatales durante el gobierno de Uribe, al que buscó ligar con estas ejecuciones; pese a que la justicia no lo ha vinculado.
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En efecto, refiriéndose a la propuesta de Valencia, López fue vehemente. “Y el premio por los 7.837 falsos positivos es ofrecerle a Álvaro Uribe ser ministro de Defensa para que vuelva la ‘seguridá democrática’. No jodas. Colombia está debatiendo cómo echar para delante y mejorar el cambio no cómo volver al pasado de falsos positivos, corrupción y negación”, afirmó la aspirante en su publicación en la red social X.
En consecuencia, la exmandataria distrital agregó que una posible designación del expresidente como el encargado de la seguridad de los colombianos, ante una eventual victoria de Valencia, podría configurar el riesgo de restaurar métodos y políticas que la JEP ha documentado como sistemáticamente violatorios de los derechos humanos. Señalamientos que, como eran de esperarse, le valieron fuertes señalamientos.
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¿Qué definió la JEP con respecto al caso de los ‘falsos positivos’?
En la actualización del Caso 03, la JEP elevó el universo de víctimas de asesinatos de civiles presentados como bajas en combate entre 2002 y 2008 de 6.402 a 7.837 casos; aunque también amplió el espectro de estudio de 1990 a 2016, lo que hará que esta cifra aumente. Tras examinar registros de la Fiscalía y de la Comisión de la Verdad, se determinó que fue práctica sistemática con altos cargos involucrados.
En su análisis, estas ejecuciones extrajudiciales superan en casi un 25% la previamente reconocida. Este nuevo balance se conoció tras un análisis riguroso de causas penales, bases de datos de la Fiscalía y del informe final de la Comisión de la Verdad, con el objetivo de depurar la información y evitar la duplicidad de víctimas, en una labor que según indicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, continuará su curso.
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Con sus investigaciones, la JEP dijo haber identificado a militares de alto rango y a civiles como parte de un engranaje en que miembros del Ejército presentaban a civiles indefensos como guerrilleros muertos en combate. En el proceso se ha establecido que los hechos investigados no fueron producto de excesos individuales, sino de una práctica sistemática con incentivos institucionales a los que los cometieran.
En lo que concierne a Valencia, es oportuno destacar que la propuesta sobre Uribe se produjo horas después del ataque atribuido a las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en un hecho que ya deja 21 muertos. “Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática”, afirmó la senadora desde Santa Rosa de Osos (Antioquia).
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La mujer, además, lanzó toda clase de ‘dardos’ contra el Ejecutivo, tras lo que consideró el fracaso de la política de Paz Total de la administración Petro. “Este es un Gobierno cómplice de los violentos; los deja libres, como a Calarcá, para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, señaló en su discurso, con el que rechazó la ofensiva criminal.