Una creciente controversia en el municipio de Envigado, Antioquia, derivó en la suspensión de clases en la Institución Educativa José Miguel de la Calle, luego de que circularan en las plataformas digitales comentarios y presuntas amenazas contra docentes y directivos del plantel, en medio de un caso que ha puesto en el centro del debate la educación inclusiva en Colombia.
A través de un comunicado oficial, el consejo directivo del colegio informó que la decisión de cancelar las actividades académicas responde a la necesidad de garantizar la seguridad del personal por “situaciones recientes en redes sociales que han generado comentarios malintencionados y amenazas”.
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“La medida se toma con el fin de proteger la integridad de nuestro personal docente y realizar una Asamblea General, para analizar la situación y definir acciones correspondientes. Reiteramos que no se han vulnerado los derechos de los estudiantes y que trabajamos para salvaguardar el buen nombre de la institución”, dice el documento.
La reanudación de clases, según indicó la institución, será informada oportunamente a los padres de familia, mientras se evalúan las condiciones de seguridad y el impacto de la polémica.
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El origen de la controversia
El caso se remonta a la denuncia pública realizada por la familia de Celeste, una niña de cinco años con síndrome de Down, quien, según su madre, habría sido víctima de prácticas de exclusión dentro del aula. La situación tomó relevancia nacional tras las declaraciones de Natalia Colorado, madre de la menor, la cual relató una serie de situaciones que, en su criterio, evidenciaban la falta de apoyo institucional.
“Nos pedían que fuéramos a estudiar con ella, luego hubo reducción de horario. Pero nunca hubo un apoyo adecuado. Dejaron sola a la profesora con varios niños y sin herramientas”, aseguró.
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El momento más crítico, según la familia, ocurrió cuando la madre encontró un espacio dentro del salón que, presuntamente, estaba destinado a aislar a la menor.
“Yo llego, recojo a mi hija. Cuando recojo a mi hija encuentro un salón, una sillita y una mesa aparte de los otros compañeros. Entonces, pregunté: ‘Profe, ¿qué pasó? Esta silla, ¿por qué?’ y me dice: ‘No, lo que pasa es que desde el comité me dieron esta instrucción de que implementara con Celeste esta silla aparte para que ella estuviera, como cuando cometiera como un error o algo, ella se sentara ahí’”, contó en entrevista con Caracol Radio.
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Para la madre, esta medida representaba una forma de exclusión y la situación llevó a la familia a tomar la decisión de retirar a la menor del sistema educativo formal.
“Yo la desescolaricé. Yo salí porque ya he tenido demasiados inconvenientes con ellos. No es un tema de que yo decida sacarla, no, es que ya han pasado demasiadas cosas”, aseguró en conversación con el medio.
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Respuesta institucional y tensión pública
Frente a estas acusaciones, la rectora del plantel, Francy Esperanza Chávez Jaime, rechazó de manera categórica cualquier señalamiento de discriminación y defendió el trabajo pedagógico de la institución.
Además, en el reciente comunicado, la institución también rechazó las acusaciones de presunta discriminación y les pidió a quienes han hecho esas declaraciones que se retracten, mientras que enfatizaron en su buen proceder con la menor dentro del plantel.
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“Reiteramos a toda la comunidad educativa que, en el marco de la normatividad vigente en Colombia y en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), no se ha incurrido en vulneración alguna de los derechos de los estudiantes. Por el contrario, nuestras actuaciones se orientan a garantizar el debido proceso, la protección integral de los educandos y el respeto por su dignidad”, indicaron en el comunicado.