El 28 de abril, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, confirmó que la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”, aumentó a más de 7.000.
El motivo de este cambio es que fue ampliado el periodo de análisis de los hechos, que ahora será entre 1990 y 2016, lo que implicaría la responsabilidad de otros gobiernos.
Es por ello que el presidente de la JEP aprovechó el espacio para pedir que los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez acepten comparecer ante el tribunal de manera voluntaria.
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En diálogo con Rtvc, Ramelli recordó que la mayoría de casos se registraron durante el gobierno de Uribe, en el que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, por lo que mencionó la importancia que tendría el testimonio de los dos expresidentes.
“Esa es una decisión que tendrá que tomar la sala en su momento, pero, como yo lo acabo de decir, ellos pueden venir voluntariamente, así como vinieron a la Comisión de la Verdad, y sería lo más indicado para el país que ellos voluntariamente vinieran y dieran su versión sobre los hechos”.
De la misma forma, el presidente de la JEP argumentó por qué aumentó la cifra de posibles víctimas desde el contexto de los procesos que avanzan al interior de la jurisdicción.
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“Siempre hemos dicho que las cifras son provisionales, forman un universo provisional de hechos y conductas. En este caso, la explicación es la siguiente: en 6.402 nosotros tomamos los años 2002 a 2008, esa temporalidad que es cuando el fenómeno tuvo mayor incremento, pero ahora tomamos la cifra desde 1990 hasta el 2016, entonces el universo es mucho más amplio”.
Ramelli mencionó que otro motivo por el que la cifra aumentó es que se han tomado más fuentes de procesos denunciados que no habían sido escuchados inicialmente.
“La segunda explicación es que cruzamos más fuentes. Todos los informes que han rendido las víctimas, que fueron cerca de 1.000, más la información que viene de la Procuraduría. Es decir, inicialmente hemos tomado cuatro bases de datos para 6.402; ahora tomamos muchísima más información y se ha contrastado mucha más información”.
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JEP amplió indagaciones por casos de reclutamiento infantil
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también imputó a Fabián Ramírez y a otros 19 exintegrantes de las Farc por el delito de reclutamiento ilícito de menores durante el conflicto armado en Colombia.
Según la JEP, los excombatientes, pertenecientes a varios bloques guerrilleros, son considerados responsables por ejercer mando o tener roles decisivos en el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. El caso hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y uso de menores en el conflicto y que ha identificado 11.052 víctimas, incluidas niñas y niños de comunidades étnicas y campesinas.
La investigación de la JEP determinó que el reclutamiento fue una práctica sistemática y no hechos aislados, con un repunte entre 1996 y 2016. El tribunal estableció que la mayoría de los menores fue reclutada mediante la fuerza (64%), pero también se usaron métodos de engaño (22%) y persuasión (13%). Las víctimas fueron obligadas a desempeñar diversas funciones, desde combate hasta labores de inteligencia y transporte de armas. Además, se documentaron casos de violencia sexual, control sobre la vida reproductiva de las niñas y sanciones disciplinarias.
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Tras la imputación, los exFarc tienen la opción de reconocer su responsabilidad y acceder a rutas de justicia restaurativa, o enfrentar juicios que podrían llevar a penas de hasta 20 años de prisión si no admiten los cargos. La JEP enfatizó que el proceso busca reparar a las víctimas y establecer la verdad judicial sobre las dimensiones del reclutamiento de menores en el conflicto.