Una audiencia judicial virtual reveló cómo el Frente 33 de las disidencias de las Farc ejecutó una serie de crímenes en la región del Catatumbo, incluyendo el uso de sicarios contratados en Medellín y drones armados con explosivos.
Según la Fiscalía, esta estructura criminal perpetró asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado de menores como parte de su estrategia territorial en el noreste de Colombia. Esta información surge de una audiencia insólita, en la que tres cabecillas del grupo armado se conectaron remotamente desde la selva para enfrentar cargos por graves violaciones a los derechos humanos.
Audiencia inédita desde la selva
La diligencia judicial, que duró más de dos horas, llamó la atención por su formato: los jefes del Frente 33 –alias Richard, alias Jhon Mechas y alias Andrey– participaron virtualmente desde una zona selvática del Catatumbo.
La Fiscalía presentó un recuento pormenorizado de los crímenes atribuidos a este grupo, incluyendo 37 homicidios, 34 desplazamientos forzados y 31 casos de reclutamiento de menores. El expediente detalla que los niños y adolescentes, una vez capturados, recibían entrenamiento en el uso de armas largas y cortas para ser integrados a la confrontación armada.
Durante la audiencia, la Fiscalía destacó la presunta contratación de sicarios en Medellín para ejecutar al menos dos asesinatos en zonas rurales de Tibú. De acuerdo con el expediente, estas acciones habrían sido coordinadas por Farby Edison Parra Parra, alias Richard, considerado cabecilla financiero de la organización.
El inicio de la confrontación y la masacre de El Zulia
Un procurador especial asignado al caso relató que los primeros movimientos armados entre el Frente 33 y el ELN se registraron el 4 de enero de 2025, cuando combatientes del ELN ingresaron al municipio de El Zulia desde Arauca y Venezuela.
La Defensoría del Pueblo identificó el punto crítico de la escalada el 16 de enero, cuando una familia fue asesinada en zona rural, un hecho atribuido al Frente 33 por el ELN. Este incidente desencadenó una ofensiva armada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí, con enfrentamientos que, según la Fiscalía, “no tardaron ni 24 horas” en intensificarse.
El caso de Pedro María Ropero, líder comunal y vinculado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), ilustró la dinámica de los crímenes. Ropero fue sacado de su vivienda, acusado de colaborar con el ELN, y ejecutado en una zona despoblada, tras haber sido obligado a arrodillarse ante sus victimarios. Este homicidio fue parte de una política de confrontación territorial por parte del grupo armado.
Sicarios de Medellín, asesinatos selectivos y desplazamiento
El 14 de febrero, José Agustín Sánchez González fue interceptado y asesinado en la vereda Refinerías del municipio de Tibú, en lo que la Fiscalía atribuyó a sicarios contratados en Medellín y coordinados con miembros del Frente 33.
Días después, los mismos sicarios habrían participado en el asesinato de Emérita Buenhaber Serrano, una comerciante de La Gabarra. Testigos relataron que los agresores no ocultaron sus rostros y huyeron en motocicletas tras el ataque.
El expediente judicial incluye otros casos de homicidio selectivo en Guamalito, Tibú y Ocaña, así como el secuestro y ejecución de tres hombres cuyos videos circularon entre la población para infundir temor. Según la Fiscalía, estas acciones formaban parte de una estrategia integral para consolidar el control territorial y desplazar a comunidades enteras.
Drones armados y víctimas civiles
Uno de los elementos más novedosos revelados por la Fiscalía fue el uso de drones cargados con explosivos. El 26 de marzo, un integrante del Frente 33 dirigió un dron hasta la vivienda de Luis Ernesto Mendoza, agricultor de 73 años.
El ataque causó heridas graves al campesino, que falleció días después en un hospital de Ocaña tras la amputación de un brazo. De acuerdo con el ente acusador, los responsables tenían conocimiento de la presencia de civiles en la zona, pero continuaron con la operación armada.
Esto provocó el desplazamiento de familias y el reclutamiento forzoso de menores, muchos de los cuales fueron recuperados por la fuerza pública y trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Negación de responsabilidades y guerra en curso
Durante la audiencia, alias Richard tomó la palabra para declararse víctima del conflicto armado desde su niñez y solicitó a las autoridades investigar presuntas torturas sufridas por él y su padre.
Ninguno de los tres cabecillas aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Tras sus intervenciones, se desconectaron de la diligencia, mientras los enfrentamientos entre disidencias y el ELN continúan en la región.
El Gobierno decretó la conmoción interior al inicio de la confrontación para atender la emergencia humanitaria. Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 117 víctimas mortales, 64.783 personas desplazadas y 16.615 confinadas en el Catatumbo, cifras que reflejan la magnitud de la tragedia.