La Aeronáutica Civil presentó el informe final sobre el incidente ocurrido el 13 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde un helicóptero militar cruzó, sin la debida autorización, dos trayectorias activas en presencia de vuelos comerciales.
El documento, disponible para consulta pública, concluye que el evento se debió a una cadena de fallas en la comunicación y los procedimientos operacionales, lo que elevó el riesgo de colisión y puso en evidencia lagunas estructurales en la gestión del tránsito aéreo.
De acuerdo con lo expuesto por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Diacc), la causa principal fue la discrepancia entre el destino registrado en el plan de vuelo y el destino real previsto por la tripulación.
El sistema consignó como destino el aeropuerto El Dorado (SKBO), mientras que la intención de los pilotos era llegar a la Escuela Militar de Cadetes (Esmic), una instalación sin designador aeronáutico estandarizado.
Esta discordancia degradó la comprensión situacional entre los controladores y la tripulación, originando una serie de instrucciones y maniobras que llevaron a la incursión del helicóptero en sectores críticos del aeropuerto.
Fallas en la comunicación y la gestión del tránsito
El informe recoge que las instrucciones confusas y la ausencia de confirmación clara sobre el destino fueron determinantes. Tanto la tripulación como los controladores operaron bajo supuestos distintos respecto al punto de aterrizaje.
La controladora asumió que el helicóptero aterrizaría en una cancha interna del aeropuerto, filtrando cualquier información que contradijera ese plan mental. Por su parte, la tripulación, aunque percibió confusión, optó por no corregir la interpretación del destino en frecuencia para evitar saturar el canal de comunicaciones.
El análisis evidencia también una ruptura en la fraseología aeronáutica estandarizada, con el uso de lenguaje informal y ausencia de confirmaciones precisas, lo que contribuyó a la confusión y a la toma de decisiones erróneas en tiempo real. Además, se identificó una evaluación inadecuada del riesgo tanto por parte de los controladores como de los pilotos, que ejecutaron maniobras sin tener claridad sobre el destino y el punto de cruce de las trayectorias activas.
La investigación de la Aerocivil también subraya que la operación se realizó en un entorno de alta densidad de tránsito, sin la existencia de helipuertos publicados para este tipo de vuelos. Esto incrementó la necesidad de contar con procedimientos locales claros y puntos de referencia inequívocos, así como una disciplina estricta en las comunicaciones para evitar la recurrencia de incidentes similares.
Cadenas de errores y riesgos elevados
El incidente fue clasificado como grave por la incursión en trayectorias activas y la reducción de la separación con aeronaves comerciales. Durante la aproximación final a la pista 14L, el helicóptero se cruzó con un avión ATR42, registrando una separación mínima de 764 pies (233 metros) en horizontal y 449 pies (137 metros) en vertical.
Posteriormente, cruzó la pista 14R a solo 300 pies (91 metros) de altura, mientras un Boeing 737 esperaba en la cabecera y otros tránsitos circulaban por la calle de rodaje paralela. Pese al alto riesgo, no se reportaron daños materiales ni lesiones, ya que no se ejecutaron maniobras evasivas y la aeronave pudo abandonar la zona y aterrizar en su destino planificado.
El informe detalla que la ausencia de procedimientos estandarizados para el cruce de trayectorias por helicópteros generó autorizaciones basadas en el criterio del momento y no en protocolos escritos, lo que elevó el riesgo de incursión en áreas críticas. A esto se sumó una gestión de recursos ineficaz y la falta de actualización de los manuales y cartas de navegación visual, elementos considerados barreras clave para la seguridad operacional.
Recomendaciones y medidas propuestas
La Aerocivil emitió recomendaciones dirigidas a la autoridad aeronáutica nacional y a las diferentes instancias involucradas en la gestión del tránsito aéreo.
Entre ellas destaca la solicitud a la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para realizar auditorías externas sobre los servicios de navegación y la coordinación de mesas de trabajo estratégicas que precisen los lineamientos operacionales para los vuelos de la fuerza pública, así como la definición de puntos autorizados para aterrizaje y operación.
Además, se recomendó reforzar la capacitación y los cursos recurrentes para los controladores aéreos, reducir el lapso entre entrenamientos y fortalecer la instrucción en gestión de recursos de equipo (CRM/TRM).
También se propuso incorporar en el Reglamento Aeronáutico de Colombia una disposición específica para las operaciones de helicópteros y aeronaves de ala fija, que obligue a la transmisión y confirmación clara y estandarizada del destino en los planes de vuelo presentados desde el aire (Afil).
La autoridad reiteró que la investigación no busca establecer culpables, sino identificar lecciones que permitan reforzar las barreras de seguridad y prevenir accidentes en el futuro.