Carlos Carrillo respondió a las acusaciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre espionaje y la acusó de fraude: “Está cometiendo un delito grave”

Angie Rodríguez denunció que fue víctima de amenazas y ataques sistemáticos durante su periodo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hechos que culminaron con su renuncia en enero de 2026 y con acusaciones públicas sobre violencia de género y presuntas irregularidades en el Gobierno nacional.

La funcionaria advirtió que, tras su salida del Dapre y su traslado a la gerencia del Fondo de Adaptación, enfrentó una campaña de desprestigio que, según sus declaraciones en diálogo con Semana, estaría alentada por más de 20 personas de la administración encabezada por el presidente Gustavo Petro.

Dentro de ese grupo, que responsabiliza de la campaña de desprestigio, Rodríguez identificó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Conforme a sus declaraciones, Carrillo protagonizó episodios de “violencia de género política” desde su posición institucional, que habrían recrudecido a raíz de denuncias que ella realizó en calidad de gerente encargada del Fondo de Adaptación en el último año.

Y agregó: “No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política. Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información”.

La respuesta de Carlos Carrillo a las denuncias de Angie Rodríguez

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, sostuvo que las pruebas y chats de una red de espionaje expuestos por Angie Rodríguez son falsos. Por lo tanto, si la exdirectora del Dapre entregó las conversaciones a la Fiscalía General de la Nación, según su criterio, estaría cometiendo un delito.

“Son converasciones falsas, si efectivamente la doctora Angie entregó los chats a la Fiscalía ella está cometiendo un delito más grave que injuria y la calumnia, puesto que sería fraude procesal”, dijo a Noticias Caracol.

A renglón seguido mencionó que “no se tomaron el trabajo, mientras fabricaban la prueba falsa, de escribir como yo escribo, las personas que hablan conmigo en WhatsApp saben que yo abro las exclamaciones, que yo no utilizo palabras como ‘le vamos a dar candela’”.

Con respecto al funcionario señalado de entregarle información, Carrillo pidió que la funcionaria diera a conocer el nombre del presunto espía con quién aseguró no tener contacto.

“Hay medios que dicen saber quién es el hombre que estaba de espía, yo no tengo relación con ese señor. Yo no he interactuado nunca con él, no se quien es”, indicó en la misma entrevista.

Carrillo también mencionó que la reacción de Angie Rodríguez es producto de una denuncia que hizo “con pruebas ante la Fiscalía sobre el cobro de coimas a contratistas que afirman que una señora cercana a Angie Rodríguez pidió el 10% de los contratos para avanzar con el pago”.

Incluso, señaló que gracias a la querella interpuesta, Angie Rodríguez despidió a varios funcionarios de su círculo cercano con el fin de detectar al responsable de filtrar la información.

Carrillo también criticó la gestión contractual en el Fondo Adaptación, una entidad que maneja cerca de $1.000.000.000.000, y mencionó otros procesos que considera problemáticos, como un presunto operador logístico por $9.000.000.000 y gastos por $200.000.000 en buses en La Mojana.

“Lo que está pasando allá en el Fondo de Adaptación es muy grave”, afirmó. Frente a las declaraciones de Rodríguez sobre Juliana Guerrero y supuestas relaciones con el ELN, Carrillo evitó profundizar, pero calificó esas afirmaciones como irresponsables.

Sobre los escándalos bajo la actual administración, que ascendió al poder con la promesa de cambio. El alto funcionario aseguró que se debe a la transparencia del Gobierno Petro, ya que en administraciones anteriores se ocultaban los procesos ilícitos a la opinión pública.