Estados Unidos sancionó a un grupo de ciudadanos y empresas de Colombia por facilitar el envío de exmilitares como mercenarios a la guerra en Sudán, un conflicto armado que ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
El anuncio hecho por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro marca la primera vez que Washington dirige sanciones contra una estructura latinoamericana acusada de alimentar el enfrentamiento en el noreste africano.
Las sanciones anunciadas afectan a:
- Álvaro Andrés Quijano Becerra (exoficial militar colombiano)
- Claudia Viviana Oliveros Forero (esposa de Quijano Becerra)
- José Libardo Quijano Torres (gerente de Fénix Human Resources)
- José Óscar García Batte (excoronel y propietario de Global Qowa Al-Basheria)
- Omar Fernando García Batte (gerente legal de Global Qowa Al-Basheria)
- International Services Agency (A4SI)
- Fénix Human Resources SASGlobal Qowa Al-Basheria SAS (Mi Futuro Global)
- Talent Bridge SA (Panamá)
Red de reclutamiento: nombres y funcionamiento
El epicentro de la investigación de la Ofac es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial militar retirado que fue identificado como el principal articulador del reclutamiento de exsoldados colombianos. Quijano y su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, crearon en Bogotá la empresa International Services Agency (A4SI), que operaba como fachada para captar personal con experiencia militar.
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Según el reporte, la oferta inicial era trabajar en “seguridad en el exterior”, pero el destino final era el frente de combate en Sudán junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar enfrentado al Ejército sudanés.
Tras las primeras sanciones estadounidenses en diciembre de 2025, la estructura se modificó. Los mismos responsables fundaron Fénix Human Resources SAS, empresa que continuó la captación de personal bajo un esquema contractual sofisticado y opaco, según el Departamento del Tesoro. José Libardo Quijano Torres figura como responsable formal de Fénix, aunque las autoridades atribuyen el control real a Quijano y Oliveros.
Empresas y conexiones internacionales
El modelo de operación incluía una dimensión internacional clave para dificultar la trazabilidad y el rastreo legal. La empresa panameña Talent Bridge SA —anteriormente conocida como Global Staffing SA— actuaba como intermediaria, firmando contratos y gestionando pagos a los reclutas. De acuerdo con la documentación oficial, este paso desconectaba formalmente a las agencias colombianas del destino final de los combatientes.
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Otra compañía sancionada es Global Qowa Al-Basheria SAS (GQAB), que también opera bajo el nombre “Mi Futuro Global” y está dirigida por el excoronel José Óscar García Batte. Según la Ofac, esta firma reclutó activamente exmilitares para integrarlos a A4SI y luego a Fénix, incluso después de que se supiera públicamente que los contratos implicaban el envío a zonas de guerra. Omar Fernando García Batte figura como gerente y representante legal de GQAB.
El esquema de traslado de mercenarios
Los detalles del trayecto internacional de los reclutas aparecen en un informe presentado por el Gobierno sudanés ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según la denuncia, los exmilitares colombianos viajaban primero a Emiratos Árabes Unidos, luego a Somalia y más tarde a Bengasi (Libia), con apoyo logístico de oficiales aliados de Khalifa Haftar, antes de ingresar a Sudán por tierra a través de Chad.
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Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, se documentaron más de 240 vuelos coordinados por autoridades emiratíes para el traslado de personal y equipo militar a zonas bajo control de las FAR.
Implicaciones de las sanciones y alcance de la red
La Ofac dispuso que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, y que cualquier entidad cuya propiedad directa o indirecta pertenezca en más de un 50% a los sancionados también será objeto de las mismas restricciones.
La medida busca no solo castigar financieramente, sino debilitar el flujo de combatientes que prolongan el conflicto armado en Sudán. De acuerdo con la Ofac, la red “ha alimentado el conflicto, que ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo (...) creando condiciones para que grupos terroristas se expandan y amenazando la paz y seguridad regionales e internacionales”.
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Acusaciones y denuncias de crímenes
El informe presentado ante Naciones Unidas incluye acusaciones graves contra los mercenarios extranjeros en el conflicto sudanés, entre ellas el uso de armas prohibidas y el entrenamiento de menores como soldados.
Se cita una orden operativa fechada en diciembre de 2024 que instruía el uso de municiones de fósforo blanco por parte del batallón Lobos del Desierto en la ciudad de El Fasher, en Darfur, donde el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas incendiarias en zonas civiles.
Organizaciones de derechos humanos responsabilizaron a las FAR de “ejecuciones sumarias, ataques con motivación étnica, violencia sexual y de género, y tortura en las zonas bajo su control”.
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El contexto de la guerra en Sudán
La guerra civil sudanesa, que estalló en abril de 2023, enfrenta al Ejército de Sudán y a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Tras tres años de enfrentamientos, los frentes de combate permanecen estancados, con una capital que cambió de manos en varias ocasiones y zonas del oeste del país afectadas por la violencia.
Según el Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), la cifra estimada de muertos supera los 59.000, aunque se considera una subestimación por las dificultades para obtener reportes fiables. La ONU calcula que 34 millones de personas requieren asistencia humanitaria y más del 50% de la población vive en inseguridad alimentaria aguda.
Llamado a la tregua
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró su llamado a ambas partes del conflicto sudanés —el Ejército y las FAR— para establecer una tregua humanitaria de tres meses sin condiciones previas.
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El objetivo de Washington es facilitar el flujo de ayuda, garantizar la protección de los civiles y crear un espacio para negociaciones que permitan transitar hacia un alto el fuego permanente.