Una gallina fue rescatada la mañana del martes 21 de abril por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, luego de que el animal intentara volar desde un tercer piso y quedara atada en el aire.
Testigos en la intersección de la carrera 18 con calle 9 dieron aviso a los socorristas, lo que permitió la llegada de una máquina extintora y un equipo de cinco bomberos.
El procedimiento requirió el uso de una escalera para alcanzar la terraza donde la gallina estaba colgando. Los bomberos informaron que la intervención fue posible gracias a la coordinación y el rápido despliegue. Posteriormente, se realizó una valoración veterinaria para conocer el estado del animal.
En redes sociales, la comunidad expresó su asombro y humor sobre el incidente. Un usuario escribió: “Mi pregunta es… Qué car4jo5 hacía una gallina en esa casa? Jajajaja (fuera del comentario de chanza, buen trabajo mis bomberos, bendiciones para todos l@s bomberos del COB y los diferentes CBV)”. Otros comentarios ironizaron sobre el destino del ave: “Casi queda para el sancocho” y “La salvaron y dos horas después hicieron el almuerzo con ella”.
Las gallinas como mascotas en Colombia se encuentran en un limbo legal que permite su tenencia, pero solo bajo estrictas regulaciones orientadas al bienestar animal y la convivencia urbana. Aunque la ley no prohíbe abiertamente tener estos animales en casa, sí los clasifica como “animales de producción” o “mascotas no convencionales”, con obligaciones puntuales para quienes deciden incorporarlos a su vida cotidiana.
El marco legal colombiano contempla que las gallinas no son consideradas fauna silvestre, de modo que su tenencia no está vedada, sino regulada. El Decreto 1071 de 2015 y el Decreto 2113 de 2017 establecen que las especies de producción “deben vivir libres de hambre, enfermedades y maltrato”, además de permitirles “desarrollar sus comportamientos naturales sin restricciones indebidas”. Estos principios buscan garantizar la calidad de vida de las aves y protegerlas de condiciones adversas dentro del entorno doméstico.
Las leyes nacionales refuerzan este enfoque. La Ley 84 de 1989, conocida como Estatuto Nacional de Protección de los Animales, y la Ley 1774 de 2016, que define a los animales como seres sintientes, imponen la obligación de “garantizar condiciones dignas” y penalizan cualquier acto de crueldad o abandono. Así, quienes tienen gallinas en sus hogares deben asegurar que estos animales no sean víctimas de negligencia.
En la práctica, las autoridades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) supervisan la aplicación de estas normas. Aunque “no exige registros cuando se trata de unas pocas aves en el ámbito doméstico”, el ICA demanda el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la notificación inmediata de enfermedades de control oficial como la influenza aviar o Newcastle. Esto responde a la necesidad de evitar brotes que puedan afectar tanto a las familias como a la industria avícola del país.
El contexto urbano introduce nuevas restricciones. En las grandes ciudades, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los códigos de policía determinan la cantidad máxima de aves, la obligación de “evitar olores fuertes” y el control de plagas, para evitar molestias a los vecinos. En zonas rurales, donde la convivencia con aves es habitual, estas limitaciones suelen ser menores y adaptadas a la vida agrícola.
En los conjuntos residenciales bajo propiedad horizontal, el escenario es más restrictivo. Muchas administraciones prohíben expresamente la tenencia de aves de corral al considerar que “no son compatibles con la vida en comunidad”. En estos casos, la decisión final depende de los acuerdos internos entre copropietarios y no tanto de la ley nacional, lo que puede impedir que una familia mantenga gallinas en su vivienda aunque la normativa general lo permita.
Más allá de la regulación, tener gallinas en casa exige cumplir con condiciones concretas: “El espacio debe contar con un gallinero limpio, ventilado y lo suficientemente amplio para que las aves se muevan con libertad”. El suministro de agua fresca y alimento balanceado es obligatorio, al igual que la gestión adecuada de los residuos orgánicos, ya que su acumulación puede atraer roedores y generar focos de contaminación.
Cuando no se cumplen estos requisitos, las autoridades pueden imponer sanciones, ordenar el retiro de los animales e incluso calificar la situación como maltrato.