Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, afirmó que las recientes acciones violentas atribuidas a Comandos de la Frontera y a la Coordinadora Nacional han generado una crisis en la mesa de negociaciones.
Según Novoa, el ataque en el que murieron tres soldados y el uso de minas antipersonales contra menores de edad en Nariño constituyen una ruptura de los acuerdos alcanzados en los ciclos previos de diálogo.
“Expreso mi solidaridad con las familias de los militares fallecidos en este ataque atribuido a Comandos de la Frontera, que desconoce los acuerdos y pactos suscritos meses atrás en los diálogos de paz”, sostuvo Novoa, quien agregó que estos hechos ponen al grupo armado en una situación insostenible en la mesa de conversaciones.
De acuerdo con la información oficial, los recientes enfrentamientos entre Comandos de la Frontera y unidades de la fuerza pública se produjeron en zonas de influencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, especialmente en el departamento de Nariño.
En ese contexto, el ataque contra la fuerza pública, así como el incidente con minas antipersonales que afectaron a varios menores, han sido considerados por la delegación del Gobierno como un grave retroceso en el proceso de paz.
Respecto a los menores afectados por minas antipersonales en Nariño, Novoa señaló que “la Coordinadora Nacional demuestra que no ha cumplido los acuerdos establecidos en el cuarto ciclo de diálogos en La Hormiga, Putumayo, donde se comprometió al desminado de sus áreas de influencia”.
Según detalló el jefe de la delegación del Gobierno, los niños víctimas de estos artefactos recibieron atención humanitaria por parte de la fuerza pública, aunque el hecho en sí revela el incumplimiento de los compromisos asumidos por la Coordinadora Nacional durante las negociaciones recientes.
La delegación del Gobierno rechazó y condenó ambos hechos, señalando que afectan gravemente la credibilidad del proceso de paz. Novoa anunció que, en consulta con el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, evaluarán de inmediato la continuidad de los diálogos.
"La delegación del Gobierno rechaza y condena enérgicamente estos dos hechos, que van en contra del proceso de paz y afectan gravemente la credibilidad de los diálogos. De manera inmediata, evaluaremos el curso y la continuidad de estos diálogos, en consulta con el presidente de la República y el alto comisionado para la Paz", aseveró Novoa.
Detalles del ataque
En una zona rural de Ipiales, municipio colombiano fronterizo con Ecuador, tres soldados perdieron la vida y dos resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos. La acción fue atribuida a presuntos disidentes de las Farc, específicamente a integrantes de los Comandos de Frontera, brazo de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), una facción con la que el Gobierno mantiene negociaciones de paz.
Durante el enfrentamiento, los uniformados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado murieron, mientras que los heridos recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un centro médico en Pasto, capital de Nariño.
Desde el Ejército se expresó un rechazo contundente al uso de drones y explosivos, señalando el riesgo que representan tanto para las tropas como para la población civil.
En marzo, la Cneb calificó su diálogo con el Gobierno colombiano como “en estado crítico”, luego de la muerte de uno de sus negociadores en una operación atribuida al Ejército, aunque el Ministerio de Defensa negó cualquier intervención contra ese grupo armado.
La Cneb agrupa a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Esta estructura surgió tras la separación de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las Farc que abandonó el proceso de paz.
El pasado 9 de mayo, los Comandos de Frontera fueron señalados como responsables de un ataque en la Amazonía ecuatoriana que dejó doce fallecidos, pero la organización negó su implicación. En octubre, como parte del proceso de paz, se destruyeron 3,8 toneladas de armamento perteneciente a la Cneb en Putumayo.