El debate político en Colombia volvió a centrarse en la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de Ecopetrol -empresa estatal petrolera más grande del país-, luego de las afirmaciones del exconcejal y representante a la Cámara electo Daniel Briceño.
Sus señalamientos apuntan a un supuesto esquema de financiación y decisiones administrativas que terminaron por modificar la estructura de recaudo del sindicato y su relación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Briceño sostuvo que la USO pasó de un modelo de aportes limitado a sus afiliados a un sistema de cobro ampliado dentro de Ecopetrol y empresas contratistas.
De acuerdo con su denuncia, este cambio coincidió con decisiones internas de la estatal y con movimientos institucionales que derivaron en un incremento sustancial de los ingresos sindicales; el abogado aseguró que el crecimiento de esos recursos supera los $80.000 millones anuales.
En medio de esa discusión, el exconcejal difundió un mensaje en su cuenta en la red social X en el que afirmó: “La USO el sindicato más grande de Ecopetrol le donó de forma irregular 1.033 millones de pesos a la campaña de Petro y a cambio el gobierno Petro le hizo aumentar sus ingresos, los cuales ya van en más de 80 mil millones al año. Un negociado de politiqueros (sic)”.
Este post se convirtió en uno de los ejes del debate que ahora rodea a la organización sindical. Briceño amplió sus acusaciones en un video en el que relató que la USO habría entregado recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, dinero que hoy es objeto de revisión por parte de autoridades.
Durante su video señaló a Ricardo Roa, entonces gerente de campaña presidencial de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, como pieza clave en ese proceso: “Quiero contarles cuál fue el negociazo que se hizo la USO (...) a costa del trabajo y la plata de mucha gente”.
El exconcejal describió una cadena de hechos que, según su versión, conecta la donación con cambios posteriores en la empresa estatal; indicó que la USO aportó $1.033 millones a la campaña presidencial y luego, tras el nombramiento de Roa en Ecopetrol, se produjeron decisiones administrativas que ampliaron la base de aportantes al sindicato.
Briceño explicó que, antes de esos cambios, solo los afiliados a la USO entregaban el 2% de su salario al sindicato. Ese esquema, afirmó, se modificó en junio de 2024 con la eliminación del acuerdo 01 de 1977. Según su relato, esa decisión extendió el descuento a todos los trabajadores de Ecopetrol, sin importar su afiliación sindical.
Este sería el ‘negociazo’ que denuncia Daniel Briceño
“Todos sin excepción, ahora tienen que dar un dos por ciento del salario a la USO”, dijo en su video. Bajo esa lógica, el sindicato pasó de recibir aportes de cerca de 2.000 afiliados a recaudar recursos de unos 8.500 trabajadores directos de la empresa.
El señalamiento también incluyó una resolución del Ministerio del Trabajo expedida en agosto de 2025, que, según Briceño, amplió el cobro a trabajadores de empresas contratistas y con esa medida, el alcance del recaudo sindical habría crecido más allá del núcleo de Ecopetrol.
El exconcejal calculó que la USO recibe cerca de $37.000 millones al año por aportes de trabajadores directos y otros 33.000 millones por contratistas. A esas cifras sumó 1.600 millones por funcionamiento, 4.300 millones en auxilios de transporte y el pago de 149 trabajadores en permisos sindicales permanentes.
Con ese conjunto de recursos, Briceño estimó que el sindicato podría alcanzar ingresos superiores a $87.500 millones de pesos: “Métase esa cifra en la cabeza”.
El dirigente político también cuestionó el destino de esos recursos, pues señaló que la USO responde con el concepto de “autonomía sindical” cuando se le pregunta por el uso del dinero. Según su planteamiento, no existe claridad pública sobre la ejecución de esos fondos.
Otro punto de su denuncia se centró en la relación entre el sindicato y el Gobierno, por lo que Daniel Briceño mencionó el nombramiento de Edwin Palma, expresidente de la USO, como ministro de Minas y Energía, y lo vinculó con el fortalecimiento del sindicato dentro del sector estatal.
En su relato también incluyó el papel de la nueva negociación colectiva entre Ecopetrol y la USO. Según dijo, el proceso se adelantó antes del calendario previsto, con el objetivo de cerrar acuerdos antes del ciclo electoral de 2026. Briceño describió el pliego de peticiones del sindicato como parte de esa estrategia.
Según su lectura, la relación entre la donación inicial y el aumento de los recursos posteriores configura un esquema que calificó como “negociazo”, expresión que repitió en distintos momentos de su denuncia.