El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el eventual retiro del contrato de pasaportes en curso podría estar relacionado con maniobras para favorecer un fraude en las próximas elecciones presidenciales, bajo el argumento de “devolver el favor” a quienes gestionan el retorno del convenio de los “hermanos Bautista”.
La declaración de Petro se difundió a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a una nota publicada por Cambio que informa sobre la posible discontinuidad del sistema de expedición de pasaportes en el país.
La controversia surgió después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera dos acciones legales que cuestionan la validez del contrato firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal para la producción de pasaportes.
Según información revelada por la revista Cambio, la posible suspensión judicial del contrato pondría en riesgo la entrega del documento a millones de ciudadanos, un proceso que el gobierno de Petro había presentado como un avance institucional.
Las demandas presentadas por la Procuraduría General de la Nación y por un ciudadano particular, Nicolás Dupont Bernal, alegan irregularidades en la contratación, como la omisión de licitación y debilidades en el sustento legal.
El expediente revisado por Cambio indica que las solicitudes de medidas cautelares buscan frenar la ejecución del contrato y podrían derivar en la suspensión inmediata del servicio si el tribunal acoge los argumentos planteados.
En su mensaje en X, Petro sostuvo: “Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista (sic)”.
El proceso legal se centra en dos expedientes activos desde octubre de 2025 y enero de 2026. El primero, dirigido por la Procuraduría, busca la nulidad absoluta del convenio con la Casa da Moeda, bajo la supervisión del magistrado José Élver Muñoz. Según la demanda, el contrato no cumple con los requisitos legales y administrativos exigidos en Colombia.
En noviembre de 2025, la Procuraduría solicitó una medida cautelar para suspender los pagos a la Casa da Moeda, aunque la decisión definitiva sigue pendiente mientras se escuchan todas las partes.
Por otra parte, la acción popular impulsada por Dupont Bernal ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón sostiene que la contratación directa afecta la moralidad administrativa y el patrimonio público.
La Corte Constitucional ha reiterado la importancia del pasaporte para derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar, según lo citado por Cambio. La acción solicita la suspensión inmediata del contrato, una petición que avanza en el tribunal tras su admisión formal.
La Procuraduría se sumó como coadyuvante a la acción popular el 25 de marzo de 2026, señalando la coincidencia de hechos fundamentales en ambos procesos y la necesidad de coordinación judicial para evitar decisiones contradictorias.
Entre los argumentos presentados contra el contrato, la Procuraduría identificó deficiencias en la base legal de la contratación con la Casa da Moeda de Portugal. Una revisión efectuada en agosto de 2025 a la Imprenta Nacional reveló la ausencia de estudios de mercado, documentos clave sin firmas y expedientes protegidos por acuerdos de confidencialidad sin respaldo legal.
Cambio informó que el Gobierno fundamentó la contratación sin licitación bajo la figura de “persona extranjera de derecho público”, pero la Procuraduría presentó un certificado mercantil portugués que describe a la Casa da Moeda como una sociedad anónima de capital público regida por derecho privado.
Otra de las objeciones legales es que la excepción que permite la contratación directa requiere que el cooperante internacional financie al menos la mitad del contrato. Según la cláusula 11, la Casa da Moeda aporta el 21 %, mientras que el resto corresponde a entidades colombianas. Esta condición, según la Procuraduría, refuerza la solicitud de nulidad absoluta del convenio, dado que no se habría justificado la omisión de licitación.
La aprobación del contrato también se encuentra bajo escrutinio. Cambio detalló que la junta directiva de la Imprenta Nacional fue citada sin respetar los plazos legales y no se elaboró un acta formal, sino grabaciones de la sesión. Los documentos se entregaron tras la firma de acuerdos de confidencialidad sin aval legal, una situación que, según la Procuraduría, debilita la legitimidad del proceso.
Actualmente, la Imprenta Nacional carece de un plan alternativo para asumir la producción nacional de pasaportes. La directora de la entidad, Viviana León, declaró a Cambio que se requerirán años para alcanzar la autonomía operativa. El convenio compromete recursos y vigencias futuras hasta 2036, sin certeza sobre la capacidad de la imprenta para asumir la producción antes de esa fecha.