La situación de Coosalud EPS entró en una nueva fase de incertidumbre tras una decisión judicial que, lejos de cerrar el capítulo de la intervención, abrió un pulso jurídico sobre quién debe tomar el control de la entidad.
El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención que venía adelantando la Superintendencia de Salud, una medida que, en principio, devuelve las funciones a la administración ordinaria de la EPS. Así lo confirmó la propia Coosalud a través de un comunicado en el que señaló que, tras el fallo, retoma sus competencias mientras se toma una decisión de fondo dentro del proceso.
Sin embargo, el regreso a la normalidad está lejos de concretarse. Aunque la orden judicial habla de una suspensión inmediata, en la práctica la transición no ha sido clara. La discusión ahora gira en torno a quién debe asumir la representación legal y la dirección de una entidad que atiende a más de tres millones de afiliados en distintas regiones del país.
Uno de los puntos de mayor tensión se vivió en Cartagena. Allí, el antiguo representante legal de Coosalud, Jaime González, intentó retomar sus funciones tras conocerse el fallo. Según su equipo jurídico, el proceso no avanzó como esperaban. “Nos sentamos con el interventor, inicialmente dijo que la iba a entregar, porque la orden es inmediata, y no la condiciona”, explicó su abogado en Noticias Caracol, que además insistió en que “no puede haber una interpretación diferente a que se debía entregar el día de ayer de manera inmediata”.
Pero desde la institucionalidad la lectura es distinta. La Superintendencia de la Economía Solidaria, que mantiene bajo vigilancia a la cooperativa dueña del 94% de las acciones de la EPS, aclaró que la decisión judicial no implica automáticamente el regreso de González a la gerencia.
“Esto es un proceso para hacer la entrega de la EPS. El auto no te está diciendo a quién le vamos a entregar”, señalaron desde la entidad, que además enfatizó en su rol de supervisión sobre el principal activo de la cooperativa: la propia Coosalud.
En ese sentido, la superintendencia explicó que, aunque la intervención sobre la EPS fue suspendida, la cooperativa continúa bajo vigilancia, lo que introduce un elemento adicional en la toma de decisiones. La definición de la nueva junta directiva y del representante legal dependerá, en buena medida, de lo que determine la asamblea de accionistas.
“Una vez la asamblea de accionistas, bajo un documento expreso, nos diga quién va a ser la junta directiva y quién va a ser el representante legal de la EPS, arrancará entonces el proceso de entrega”, precisó la superintendente de la Economía Solidaria.
El panorama se complica aún más por las acusaciones cruzadas. Desde el entorno de Jaime González aseguran que existen demoras injustificadas en la entrega de la entidad por parte de la Superintendencia de Salud. Incluso, advierten sobre posibles maniobras para apartarlo definitivamente del cargo.
“Lo que quieren es tumbar ahora al representante legal, hoy reconocido por el tribunal, a través de una junta de accionistas, para que esa junta entonces lo destituya y nombren al representante amigo del gobierno”, afirmó su abogado, dejando entrever un trasfondo político en la disputa.
Mientras tanto, la Superintendencia de Salud anunció que iniciará mesas técnicas de alistamiento a partir del lunes 20 de abril de 2026. El objetivo, según indicó, es dar cumplimiento a la orden judicial y avanzar en un proceso de entrega organizado que evite afectar la operación de la EPS.
En medio de este pulso institucional, lo cierto es que Coosalud sigue operando en un escenario de incertidumbre. La decisión del tribunal no resolvió de fondo el futuro de la entidad, sino que abrió un compás de espera en el que se cruzan decisiones judiciales, administrativas y corporativas.
Para los millones de afiliados, la preocupación es evidente: más allá de la disputa legal, lo que está en juego es la continuidad en la prestación de servicios de salud. Por ahora, el desenlace dependerá de lo que ocurra en los próximos días, cuando se definan los liderazgos internos y se concrete —o no— la entrega de la EPS bajo las nuevas condiciones impuestas por la justicia.