Atlántico instalará más de 150 cámaras de seguridad: vigilarán en tiempo real posibles actividades ilícitas de 18 municipios

El departamento del Atlántico dará un paso importante en materia de seguridad con la instalación de 580 cámaras de vigilancia, cifra que representa un incremento considerable respecto a los 411 dispositivos que actualmente funcionan en todo el territorio.

La expansión, que se ejecutará en las próximas semanas, busca mejorar el monitoreo en zonas críticas y reforzar la capacidad de reacción ante delitos más reiterativos del departamento, incluidos la extorsión, el hurto armado y los homicidios.

La iniciativa fue confirmada por el secretario del Interior, José Antonio Luque, que entregó detalles de la nueva estrategia conocida como el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies), que ya fue aprobada en la fase de socialización con diputados y alcaldes de los 18 municipios donde se ubicarán las nuevas cámaras. Según Luque, el despliegue de estos equipos permitirá una vigilancia más efectiva y una mejor integración con sistemas de analítica y atención de emergencias.

“El proyecto Sies ya está listo para entrar en fase de instalación. Hemos hecho la socialización con diputados y con los alcaldes de los 18 municipios, y en pocas semanas comenzará la instalación de las cámaras en todo el departamento. Con la ampliación a 580 dispositivos, vamos a fortalecer de manera significativa nuestra capacidad de vigilancia y reacción”, confirmó el secretario.

La nueva etapa del Sies forma parte de una inversión superior a 184.000 millones de pesos destinada a robustecer la seguridad mediante tecnología, inteligencia y presencia operativa.

Este esfuerzo se materializa a través de un convenio con Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que respalda el aumento de la cobertura tecnológica en la región.

Medidas ante delitos coordinados desde cárceles

Durante un reciente Consejo de Seguridad Ministerial en el municipio de Baranoa, el secretario Luque advirtió que el avance tecnológico debe acompañarse de acciones estructurales a nivel nacional. Incluso destacó que buena parte de la criminalidad, especialmente la extorsión, sigue gestándose desde el interior de las cárceles.

“Buena parte de la criminalidad que hoy afecta al departamento, especialmente fenómenos como la extorsión, se sigue articulando desde las cárceles. Es fundamental avanzar en medidas más estrictas de control, aislamiento y vigilancia para cortar esas cadenas de mando criminal”, señaló Luque.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el Gobierno nacional ha intensificado operativos en centros penitenciarios, con 48 allanamientos recientes en los que se confiscaron celulares y otros objetos empleados para coordinar actividades ilegales.

“Ya se han realizado 48 allanamientos en centros carcelarios del país, donde se han incautado celulares y otros elementos utilizados para coordinar actividades delictivas. Vamos a seguir avanzando con medidas como traslados y aislamientos para neutralizar estas estructuras desde el interior de las cárceles”, señaló el ministro.

Refuerzo de la seguridad y prevención en zonas críticas

El Consejo de Seguridad Ministerial permitió unificar estrategias entre el Gobierno nacional y las autoridades del Atlántico para enfrentar el aumento de la extorsión y el homicidio. Entre las medidas inmediatas definidas se encuentran:

• Refuerzo del Gaula Militar y Policial.
• Incorporación de un pelotón adicional del Ejército Nacional.
• Fortalecimiento de tareas de inteligencia y de la policía judicial.
• Incremento de recompensas por información sobre actores criminales.
• Intervenciones específicas en los municipios de Baranoa, Sabanalarga y Sabanagrande.

Estos pasos se suman a una inversión de 45.700 millones de pesos en videovigilancia y convivencia ciudadana, según precisó el ministro Sánchez. El objetivo es restringir las comunicaciones no autorizadas en cárceles y fortalecer el sistema judicial para atacar de raíz la extorsión.

El plan contempla también la prevención del delito, con acciones dirigidas a niños y adolescentes. Se articula la labor de entidades como el Icbf, la Fiscalía y las administraciones locales para evitar la instrumentalización de jóvenes en actividades criminales.