La proliferación de once bandas criminales en el departamento del Atlántico provocó un recrudecimiento del crimen, especialmente en el centro y norte del territorio.
Debido a esta problemática, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presidió un consejo de seguridad en Baranoa el viernes 17 de abril, en el que anunció la adopción de nuevas estrategias para frenar los homicidios y la extorsión, dos delitos que han puesto en alerta roja a los municipios afectados por la disputa territorial de grupos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes.
“A pesar de estos esfuerzos, sigue persistiendo la amenaza, generando homicidios con incremento significativo en varios municipios”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.
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Sánchez indicó que la principal causa del incremento de la violencia es la disputa por economías ilegales, a pesar de que el departamento carece de cultivos ilícitos, lo que obliga a repensar los mecanismos de prevención y reacción del Estado.
La situación de orden público se agrava en un corredor que incluye municipios como Sabanalarga, Sabanagrande, Usiacurí y Juan de Acosta.
Según datos presentados por Sánchez en el consejo de seguridad, los homicidios han experimentado un “incremento significativo en varios municipios”, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado durante el año, como los dos consejos de seguridad celebrados previamente.
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El ministro precisó: “Esta es la quinta reunión que realizamos, en la cual hemos adquirido 38 compromisos con un cumplimiento del 83%. Durante este año ya hemos desarrollado dos consejos de seguridad”. Sin embargo, reconoció la persistencia de la amenaza debido a enfrentamientos entre bandas y a patrones de reincidencia en las víctimas, algunas con antecedentes judiciales.
“Los más peligrosos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros 11 grupos delincuenciales con incidencia en seis municipios”, afirmó el ministro de Defensa.
El recrudecimiento de la violencia se explica, de acuerdo con Sánchez, por la “codicia criminal” de grupos provenientes de otras regiones del país, que buscan controlar las rentas derivadas del microtráfico, la extorsión y el contrabando.
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El ministro subrayó que, si bien en Atlántico no existen cultivos de coca, “sí hay consumo de cocaína” proveniente del Catatumbo y de marihuana procedente del Cauca, lo que genera impactos en el entorno local por la llegada y redistribución de estas sustancias ilícitas.
El enfrentamiento entre bandas ha derivado en un alza palpable de delitos graves, como asesinatos y extorsiones. Según el alcalde de Polonuevo (Atlántico), Óscar Javier Avilés Oliva, en declaraciones a El Heraldo, “estamos viviendo un pico de violencia en estos territorios y todo el departamento se encuentra en alerta roja”.
Tres estructuras –el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes– lideran la disputa territorial y han incrementado la presión sobre comerciantes. “Hay personas que prefieren cerrar porque no tienen cómo pagar. Esto está golpeando fuertemente a los municipios”, afirmó el alcalde.
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La preocupación de las autoridades se incrementa ante el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales.
En Polonuevo se han registrado detenciones de jóvenes vinculados a estructuras delincuenciales, una problemática vinculada a los escasos recursos y oportunidades en la región.
Los alcaldes solicitaron una intervención integral del Gobierno Nacional y, aunque reconocen ciertos avances como el aumento del pie de fuerza y nuevos operativos, insisten en la insuficiencia de estas medidas para contener la escalada.
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El consejo de seguridad concluyó con el anuncio de varias acciones concretas. Sánchez detalló la ampliación de la “cápsula operacional” con dos nuevas unidades de Policía Judicial y una coordinación más estrecha con la Dijín, Dipol y Gaula.
Además, anunció que las recompensas serán recategorizadas “para facilitar la captura de criminales” y que se evaluará el proyecto de construcción de una estación de Policía en Baranoa, que fortalecería la presencia estatal en el corredor más afectado.
En materia preventiva, se acordó crear una línea de prevención articulada entre el Icbf, la Gobernación, los mandos militares y la ciudadanía, para reducir el ingreso de menores y jóvenes al mundo de la violencia. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dijín revisarán la eficiencia del sistema judicial en casos de reincidencia.
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Sánchez enfatizó la necesidad de colaboración ciudadana y anunció la articulación con el Ministerio de Justicia para la instalación de inhibidores de señal en los penales, con el objetivo de cortar la comunicación de los líderes criminales privados de libertad, sin afectar a las comunidades colindantes.
Las autoridades y gobiernos municipales subrayaron que, mientras las medidas de seguridad y justicia continúen intensificándose, la presión de los grupos criminales sobre los municipios y su población persiste, con consecuencias directas en la seguridad ciudadana, la economía y la posibilidad de desarrollo regional.